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DECRETO - LEY Nº 719/79

 

Formosa, 26 de enero de 1.979

VISTO:

Lo actuado en el expediente Nº 2.068 - F - 79 del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas de la Gobernación y en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Instrucción Nº 1/77, Artículo 1º, Apartado 1, Punto 1.8 de la Junta Militar,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

LEY:

TITULO I

REGISTROS NOTARIALES

Capitulo Unico - Disposiciones Generales

Notario

ARTÍCULO 1º.- El Escribano de Registro, a los efectos de esta Ley, es el profesional de Derecho a cargo de una función publica, instituido por el Estado para hacer constar y garantizar en un registro la autenticidad de los hechos cumplidos por el mismo o pasados en su presencia, en ejercicio de sus funciones, así como para dar forma, perfeccionar y autenticar las resoluciones jurídicas extrajudiciales.

Todo ello en los casos en que su intervención fuera requerida y de conformidad con las leyes, sus reglamentaciones y con las instrucciones particulares que reciba.

Registro publico notarial

ARTÍCULO 2º.- El Registro Publico Notarial es el cargo creado por el Estado de acuerdo a las pautas fijadas en el Artículo 3º y cuya titularidad se asigna a un Escribano, luego de llenar los recaudos fijados en la presente Ley.

Unidad del registro publico notarial; Competencia

ARTÍCULO 3º.- El Registro constituye una unidad indivisible y no puede tener mas de una sede aunque fuera en carácter de agencia, sucursal, corresponsalía o cualquier otra denominación o sin ella. Los Escribanos de Registros tienen competencia en toda la Provincia, cualquiera sea el asiento de sus funciones.

Numero de registros

ARTÍCULO 4º.- El numero de Registros de cada asiento notarial, se fijara de acuerdo al numero de habitantes, al tráfico escriturario e inmobiliario, a la incidencia que el movimiento económico de la población tenga en actividad notarial y al monto global de los honorarios protocolares del año inmediato anterior dividido por el promedio anual actualizado por escribano con sede en dicho asiento.

El Poder Ejecutivo efectuara periódicamente la determinación a que se refiere al artículo anterior, sobre la base de los datos estadísticos suministrados por los organismos competentes. Texto modificado por Ley N.º 900/90

ARTÍCULO 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, créanse cuatro registros en la ciudad capital, uno en Ibarreta, Laguna Blanca y uno en Ingeniero Juárez.

El Poder Ejecutivo llamara a concurso en el transcurso del año 1979 para cubrir dos en la ciudad capital y los de Ibarreta, Laguna Blanca e Ingeniero Juárez. Los dos restantes de capital serán concursados en el transcurso de los años 1980 y 1981; respectivamente.

Excedencia de registros

ARTÍCULO 6º.- Cuando hubiere excedencia de Registros, de conformidad con la determinación que efectúa el Poder Ejecutivo, se clausuraran los excedentes de cada jurisdicción notarial a medida que queden vacantes, sea cual fuere la causa.

Vacancia de registros; medidas inmediatas

ARTÍCULO 7º.- Producida la vacancia de un Registro o la suspensión preventiva del titular, el Tribunal de Superintendencia dispondrá de inmediato, la formación de un inventario de las existencias, por medio del inspector notarial y de un representante del Colegio de Escribanos. Si hubiere adscripto lo nombrara depositario; caso contrario procederá a la designación de depositario.

Titulares de registros

ARTÍCULO 8º.- El Poder Ejecutivo discernirá la titularidad de los Registros Notariales con arreglo a las disposiciones de la presente Ley.

Matriculación

ARTÍCULO 9º.- Para ejercer funciones notariales se requiere matricularse en el Colegio y a tal efecto el interesado deberá:

1.- Acreditar identidad con documento de Ley;

2.- Constituir domicilio especial en la Provincia;

3.- Tener ciudadanía argentina nativa o por naturalización;

4.- Acreditar buena conducta mediante el procedimiento que se determine reglamentariamente;

5.- Tener titulo de Notario o Abogado con certificación de aprobación de las materias notariales, expedido o revalidado por Universidad Nacional Argentina.

Texto modificado parcialmente por Ley N.º 1028/81

Inscripción

ARTÍCULO 10º.- Justificados los extremos a que se refiere al artículo anterior, el interesado podrá inscribirse en el Registro de Aspirantes que llevara el Colegio, para lo cual deberá acreditar tener una residencia real inmediata y continuada en la Provincia de dos años como mínimo o ser nativo de la misma.

ARTÍCULO 11º.- Inscripto en el Registro se esta en condiciones de aspirar al ejercicio de las funciones notariales a las que se accederá mediante concurso de oposición oral y escrito y de antecedentes, que será realizado ante el Tribunal Calificador.

ARTÍCULO 12º.- Los Escribanos que no siendo titulares de Registros se encuentren colegiados, podrán referenciar títulos y desempeñar la función de perito inventariador. Texto modificado por Decreto Ley N.º 756/79

Denegatoria

ARTÍCULO 13º.- Si la inscripción fuere denegada, el interesado podrá interponer los recursos que correspondan de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos.

Habilitación para el ejercicio de funciones notariales

ARTÍCULO 14º.- Una vez obtenida la nominación respectiva con arreglo a las prescripciones de esta Ley, deberá antes de tomar posesión de sus funciones:

1.- Actualizar la acreditación de su buena conducta si hubiera pasados mas de dos (2) años de su inscripción en la matricula;

2.- Declarar bajo juramento no estar comprendido en el régimen de incompatibilidades;

3.- Prestar juramento en audiencia especial, ante la Presidencia del Colegio de desempeñar con honor las funciones notariales;

4.- Registrar su firma y sello en el Colegio y ante el Tribunal de Superintendencia.

ARTÍCULO 15º.- La designación de titular de un Registro caducara automáticamente en caso de que el Escribano no concurra al Colegio a tomar posesión dentro de los tres meses de su designación.

ARTÍCULO 16º.- Los Escribanos titulares que deseen permutar sus cargos deberán presentar sus solicitudes al Consejo Directivo, el cual, con los informes pertinentes, las elevara al Poder Ejecutivo para su resolución, siendo potestativo de este conceder o denegar la permuta solicitada. Para que la permuta deba solicitarse deberán concurrir los siguientes requisitos:

1º) Que cada uno de los solicitantes tengan como mínimo dos años de antigüedad en la titularidad de esos Registros;

2º) Que no exista mas de diez años de diferencia en la edad de los permutantes y ninguno haya cumplido 55 años de edad; y

3º) Que ninguno se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación extraordinaria, extremo que deberá comprobarse con la certificación medica del o de los profesionales que designe el Consejo Directivo.

Los escribanos que permuten su cargo no podrán solicitar nuevas permutas hasta cuatro años después de concedida la anterior, ni intervenir en los concursos para la provisión de vacantes hasta dos años posteriores a la permuta, ni acogerse a los beneficios de la jubilación voluntaria por igual termino.

En caso de renuncia de cualquiera de los permutantes antes de transcurridos dos años, la permuta podrá quedar sin efecto debiendo reintegrar a su anterior registro al permutante, si así lo estimase conveniente el Consejo Directivo, previo estudio de las causas o motivos que aduzca el renunciante y posterior aprobación del Poder Ejecutivo de tal medida.

ARTÍCULO 17º.- Los notarios cesan en sus funciones:

1º) Por renuncia;

2º) Por inhabilidad o por incompatibilidad sobreviniente;

3º) Por destitución.

TITULO II

ACCESO Y PERMANENCIA EN LA FUNCION

Capitulo I

Llamado a concurso

ARTÍCULO 18º.- Si hubiere Registro vacantes, el Tribunal de Superintendencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 7º, lo comunicara al Poder Ejecutivo el que llamara a concurso para la provisión de las titularidades y convocara a sus efectos al Tribunal Calificador. El llamado se publicara en el Boletín Oficial con una anticipación de treinta (30) días sin perjuicio de otras publicaciones que se estimen convenientes para su mejor difusión. Texto modificado por Ley N.º 900/90

Capitulo II

Inhabilidades

ARTÍCULO 19º.- No podrán ejercer la función notarial:

  1. Los que llegaren a cumplir setenta y cinco (75) años de edad;

  2. Los incapaces e inhabilitados judicialmente;

  3. Los encausados por delitos no culposos desde que hubiere quedado firme la prisión preventiva;

  4. Los condenados por delitos no culposos mientras dure la condena y sus efectos. La inhabilidad será perpetua en el supuesto de que el delito hubiera sido contra la fe publica, la propiedad o la Administración Publica.

En los casos de condenas por delitos que no fueran enumerados precedentemente el Tribunal de Superintendencia podrá eximir al Escribano de esta sanción, siempre que no estuviere privado de libertad.

  1. Los fallidos y concursados hasta cinco (5) años después de su rehabilitación. Texto modificado por Ley N.º 900/90

  2. Los inhabilitados por mal desempeño en sus funciones en cualquier parte de la Provincia o del país mientras se mantenga la medida;

  3. Los destituidos o privados de la función notarial serán inhábiles para la misma perpetua y definitivamente, salvo supuestos de revocatoria en el pertinente proceso de revisión.

Texto modificado por Decreto Ley N.º 756/79

Capitulo III

Incompatibilidades

ARTÍCULO 20º.- El ejercicio del notariado es incompatible:

  1. Con el desempeño de cualquier función o empleo, publico o privado, nacional, provincial o municipal;

  2. Con el ejercicio de otras profesiones en cualquier parte que estas actividades se realicen;

  3. Con el ejercicio del comercio por cuenta propia o ajena;

  4. Con el desempeño de las funciones de inspector notarial;

  5. Con el ejercicio de funciones notariales en otras jurisdicciones;

  6. Con la condición de jubilado, pensionado o retirado, en actividades no compatibles.

La infracción a lo dispuesto en los incisos del presente artículo será penada con la destitución del cargo.

Texto modificado por Decreto Ley N.º 756/79

ARTÍCULO 21º.- Las incompatibilidades prescriptas en el artículo anterior entraran a regir de inmediato para todo aquel que se halle en ejercicio, o sea designado escribano de registro a partir de la sanción de esta Ley, excepto en el caso previsto en el inciso 1° del citado artículo, en el que los escribanos actualmente en funciones, tendrán un plazo de un año contado a partir de la publicación de esta Ley, para optar entre el cargo o empleo y el ejercicio de la función notarial.

Texto modificado por Decreto Ley N.º 756/79

Excepciones

ARTÍCULO 22º.- Exceptúanse de incompatibilidades:

  1. El ejercicio de la abogacía o procuración en causa propia de cónyuge, padres e hijos;

  2. El desempeño de cargos de carácter electivo, político, docente, literario, científico o artístico;

  3. La propiedad de periódicos, editoriales y publicaciones;

  4. La tenencia de acciones y cuotas, y los cargos de Director o Sindico o de miembros del Consejo de Vigilancia en Sociedades.

Texto modificado por Ley N.º 900/90

Capitulo IV

Deberes Notariales

ARTÍCULO 23º.- En el cumplimiento de sus funciones los Escribanos tendrán los siguientes deberes:

  1. Autorizar con su firma los documentos en que intervengan;

  2. Asesorar en asuntos de naturaleza notarial a quienes lo requieran;

  3. Estudiar los asuntos para los que fueren requeridos y examinar las capacidades, legitimidades, habilitaciones y representaciones invocadas para la concreción de los actos a formalizarse;

  4. Guardar el secreto profesional el que será reglamentado juntamente con las dispensas que por justa causa corresponda;

  5. Proceder de conformidad con las reglas éticas;

  6. Tramitar la inscripción en los Registros Públicos de los actos pasados en su protocolo;

  7. Asentar en todo documento que los interesados le exhibieran, nota de los actos que hayan autorizados o tengan relación con el mismo;

  8. Residir en el lugar de asiento del Registro y concurrir asiduamente a su oficina, la que deberá estar abierta al publico no menos de siete horas diarias continuas o discontinuas;

  9. Remitir al Tribunal de Superintendencia un estado del movimiento de los protocolos dentro de los plazos y con los datos que se fije por reglamento;

  10. Tener a la vista los certificados vigentes exigidos por las leyes registrales y de catastro de la Provincia, sin perjuicio de los demás que correspondan conforme a la legislación vigente, para autorizar documentos relacionados con la tramitación y constitución de derechos reales sobre inmuebles;

  11. Adoptar las medidas adecuadas tendientes a asegurar el cumplimiento, en legal forma, del principio de matricidad respecto de los documentos que invoquen los comparecientes para acreditar titularidades, representaciones y habilitaciones;

  12. Intervenir profesionalmente toda vez que fueren requeridos de acuerdo a las circunstancias y con las excepciones que por reglamento se fijen;

  13. Expedir a las partes interesadas copias, certificados y extractos de los actos autorizados en la Escribanía a su cargo;

  14. Conservar en buen estado los protocolos, registros y documentos a su cargo mientras se hallen en su poder;

  15. Exhibir los protocolos y Libros de Intervenciones Extraprotocolares en los casos y en la forma que por reglamento se fijen.

Texto modificado por Decreto Ley N.º 756/79

ARTÍCULO 24º.- Los Escribanos que no tuvieran adscriptos no podrán ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización del Colegio de Escribanos. En caso de enfermedad, ausencia u otro impedimento transitorio, el escribano que no tuviere adscripto, deberá comunicar esta circunstancia al Colegio de Escribanos y podrá proponer al Tribunal de Superintendencia el nombramiento de un suplente, que actuara en su reemplazo bajo las responsabilidades del proponente. Este suplente deberá estar inscripto en la matricula.

Capitulo V

Derechos Notariales

ARTÍCULO 25º.- Los escribanos titulares de registro no podrán ser separados de sus cargos mientras dure su buena conducta. La suspensión, remoción o perdida del cargo de escribano solo podrá ser declarada por las causas y en las formas previstas en esta Ley.

Honorarios

ARTÍCULO 26°.- Los Escribanos percibirán sus honorarios por la prestación de servicios con arreglo al arancel que se establezca por Ley.

Capitulo VI

Adscriptos

ARTÍCULO 27º.- Cada Escribano titular podrá adscribir a su registro hasta dos (2) Escribanos siempre que reúna los siguientes requisitos:

  1. Tener una antigüedad como titular del Registro de la Provincia no inferior a cinco (5) años contados desde la primera escritura autorizada;

  2. Arrojar resultados favorables la inspección extraordinaria que al efecto dispondrá el Tribunal de Superintendencia, comprensiva de todos los aspectos de la actuación del proponente.

El aspirante o adscripto deberá estar matriculado.

Texto modificado por Decreto Ley N.º 756/79

ARTÍCULO 28º.- La solicitud se presentara al Tribunal de Superintendencia, quien proveerá lo dispuesto en el inciso 2°) del artículo precedente y previa vista al Colegio de Escribanos para verificar el cumplimiento de las restantes condiciones del Artículo 9°, elevara las actuaciones al Poder Ejecutivo para su designación.

ARTÍCULO 29º.- Si por cualquier medio de prueba se acreditare haberse lucrado con la concesión de la adscripción o haber obtenido ventajas ilícitas o contrarias a la ética, los responsables serán destituidos.

ARTÍCULO 30º.- El adscripto tendrá igual competencia que el titular y actuara en la oficina de este y en su mismo protocolo. Lo reemplazara en caso de ausencia, enfermedad u otros impedimentos y si vacare el registro, asumirá su interinato con conocimiento inmediato del Tribunal de Superintendencia y del Colegio, hasta tanto se provea su titularidad. El interinato no podrá ser inferior a tres (3) años, salvo que antes de cumplirse ese plazo, el propio adscripto solicite se llame a concurso para cubrir la vacante. Texto modificado por Decreto Ley N.º 756/79 y Ley N.º 900/90

ARTÍCULO 31º.- El adscripto causara en sus funciones a simple solicitud del titular presentada ante el Tribunal de Superintendencia y previa comunicación al adscripto.

Suplentes

ARTÍCULO 32º.- Si se produjera la vacante de un Registro o el titular estuviera de licencia o hubiere hecho abandono del cargo y no existiera adscripto, el Tribunal de Superintendencia proveerá a la designación de un suplente cuando fuere necesario la continuidad del servicio, lo que comunicara al Poder Ejecutivo. Texto modificado por Ley N.º 900/90

ARTÍCULO 33º.- Actúa como Escribano suplente de un Registro Notarial quien esta a cargo hasta tanto reasuma sus funciones el titular en uso de licencia. Asume ese carácter a su propuesta un Escribano titular o adscripto de la misma jurisdicción o un Escribano matriculado.

El Tribunal de Superintendencia resolverá en que caso será obligatoria la designación de suplente.

Capitulo VII

Concurso – Tribunal Calificador – Participación en el Concurso

ARTÍCULO 34º.- Podrán participar en el concurso los Escribanos inscriptos en el Registro de Aspirantes. El Tribunal de Superintendencia publicara sin cargo la nomina de los aspirantes por una sola vez en el Boletín Oficial y durante los diez (10) días siguientes aceptara o rechazara las impugnaciones que se formularen.

ARTÍCULO 35º.- Los aspirantes deberán efectuar su presentación al Tribunal de Superintendencia. Este requerirá al Colegio de Escribanos los informes referentes a los antecedentes de los postulantes y la nomina de aspirantes inscriptos en el Registro.

ARTÍCULO 36º.- El Escribano titular de Registro Notarial de la Provincia, con mas de quince (15) años de efectivo ejercicio profesional, quedara exceptuado del examen de oposición asignándosele automáticamente el máximo puntaje establecido para este. Texto derogado por Decreto Ley N.º 756/79

ARTÍCULO 37º.- El Tribunal Calificador tiene facultades para interpretar las normas de esta Ley relativas a los concursos y la reglamentación de estos, que será dictada por el Poder Ejecutivo, adoptando las decisiones que estime pertinente.

ARTÍCULO 38º.- El Tribunal Calificador estará integrado por el Escribano Mayor de Gobierno, por un Escribano designado por el Colegio de escribanos, por un profesor de la Universidad Notarial o un representante de un Instituto especializado en la materia, por un miembro del tribunal de Superintendencia elegido por sorteo y por el Procurador General.

Funcionamiento

ARTÍCULO 39º.- El Tribunal Calificador se reunirá mediante convocatoria que hará el Poder Ejecutivo. Las reuniones serán validas con la presencia de todos sus miembros y las decisiones se adoptaran por mayoría absoluta. La reglamentación establecerá las pautas de trabajo del Tribunal Calificador y las atribuciones del mismo.

ARTÍCULO 40º.- Las decisiones del Tribunal Calificador no podrán ser objeto de recursos administrativos y solo podrán dar lugar a la acción sentenciosa por ante el Superior Tribunal de Justicia. El veredicto deberá ser emitido dentro de los sesenta (60) días de cerrado el concurso. La calificación de los concursantes deberá hacerse por escrito. Las actuaciones del Tribunal de Calificación quedaran asentadas en el Libro que llevara al efecto.

ARTÍCULO 41º.- A los efectos de discernir la titularidad a quien haya resultado mejor calificado, el Tribunal elevara el veredicto a conocimiento del Poder Ejecutivo dentro de los diez (10) días de pronunciado.

TITULO III

JURISDICCIÓN NOTARIAL

Capitulo I

Quienes la ejercen

ARTÍCULO 42º.- La jurisdicción notarial es ejercida por el Superior Tribunal de Justicia en carácter de Tribunal de Superintendencia y por el Colegio de Escribanos. Se desempeñara también un cuerpo de Inspectores notariales con las funciones especificas que prevé la presente Ley.

Competencia

ARTÍCULO 43º.- Las acciones que pongan en movimiento la jurisdicción notarial pueden derivar de cualquiera de los organismos que la ejercen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 44º.- Corresponde al Tribunal de Superintendencia ejercer la dirección y vigilancia sobre los Escribanos, Colegio de Escribanos, Archivos y todo cuanto tenga relación con el notario y con el cumplimiento de la presente Ley, a cuyo efecto ejercerá su acción por intermedio del Colegio de Escribanos y del cuerpo de inspectores, sin perjuicio de su intervención directa, toda vez que lo estime conveniente.

ARTÍCULO 45º.- El Tribunal de Superintendencia conocerá:

  1. En los asuntos relativos a la responsabilidad profesional de los Escribanos, previo sumario instruido por el inspector notarial y dictamen del Colegio de Escribanos;

  2. En general como Tribunal de Apelación y a pedido de parte en todas las resoluciones del Colegio de Escribanos.

Texto modificado por Ley N.º 900/90

Capitulo II

Inspecciones de Registros Notariales: Inspectores

ARTÍCULO 46º.- Para ser Inspector Notarial se deberán reunir las mismas condiciones que para ser titular de Registro. Será designado por el Tribunal de Superintendencia el que deberá establecer su numero, de acuerdo a las necesidades que exijan las actividades notariales en la Provincia. Tendrá la jerarquía de Secretario de Juzgado.

Inspecciones ordinarias y extraordinarias

ARTÍCULO 47º.- Las inspecciones de los registros notariales serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se llevaran a cabo por lo menos dos (2) veces al año. Las extraordinarias se efectuaran por disposición del Tribunal de Superintendencia cuando medie denuncia, hechos irregulares que la justifiquen, o en los restantes supuestos previstos en esta Ley.

ARTÍCULO 48º.- Las inspecciones ordinarias se verificaran en la sede de los registros.

Las extraordinarias podrán verificarse en la sede de los registros o en las de los órganos jurisdiccionales.

Por reglamento se determinara, según los casos, forma y plazos para la presentación de los protocolos así como las sanciones que correspondan al Escribano Titular, al adscripto o a su reemplazante, en caso de incumplimiento.

Actas de inspecciones

ARTÍCULO 49º.- De toda inspección deberá labrarse acta que firmara el inspector y el escribano. Si del acta resultaren observaciones, el Escribano tendrá derecho a contestarlas en el mismo acto o dentro del termino diez (10) días.

Si no lo hiciere, los órganos jurisdiccionales estarán a lo que resulte de las comprobaciones efectuadas por el Inspector, sin perjuicio de que dispongan las medidas para mejor proveer que se consideren necesarias.

ARTÍCULO 50º.- Será considerada falta grave oponerse o dificultar las inspecciones, poner trabas para que no se realicen o negarse a firmar el acta sin causa debidamente justificada.

Atribuciones de los inspectores

ARTÍCULO 51º.- Para cumplir con sus funciones los Inspectores Notariales tendrán facultades para recibir denuncias, hacer investigaciones, verificar diligencias, recoger pruebas y proceder a los exámenes, indagaciones y averiguaciones que sean necesarias.

Capitulo III

Sanciones disciplinarias

ARTÍCULO 52º.- Las sanciones disciplinarias consistirán en:

  1. Apercibimiento;

  2. Multa hasta veinte veces la suma fijada como básico de la escala del arancel;

  3. Suspensión hasta cinco (5) años;

  4. Destitución.

Texto modificado por Ley N.º 900/90 – agrega art. 52 bis.

Aplicación

ARTÍCULO 53º.- Las sanciones disciplinarias se aplicaran con arreglo a las siguientes normas:

  1. El pago de las multas deberá efectuarse en el plazo de diez (10) días a partir de la notificación;

  2. Las suspensiones se harán efectivas fijando el termino durante el cual el Escribano no podrá actuar en su profesión;

  3. La destitución del cargo importara la vacancia del registro, procediéndose al secuestro de los protocolos si se tratara de un Escribano titular y a la cancelación de la matricula.

Notificación y publicación

ARTÍCULO 54º.- Decretada la medida disciplinaria será notificada, pero no podrá publicarse mientras no quede firme. La medida aplicada será comunicada al Colegio de Escribanos para su toma de razón en el legajo personal del Escribano y a las reparticiones vinculadas con el quehacer notarial.

ARTÍCULO 55º.- Si las sanciones consistieren en multas y suspensiones, se publicaran en el Boletín del Colegio. En caso de destitución, se darán a conocer además por el Boletín Oficial.

Prescripción

ARTÍCULO 56º.- Las acciones para aplicar sanciones disciplinarias a los notarios prescriben a los diez (10) años de cometida la falta, si se tratare de la destitución y a los cinco (5) años en los demás casos.

TITULO IV

DOCUMENTOS NOTARIALES

Capitulo I

Protocolo

ARTÍCULO 57º.- El protocolo es la colección ordenada de todas las escrituras matrices autorizadas durante el año, con la documentación anexa a las mismas y con sujeción estricta a las disposiciones del Código Civil y de la presente Ley. Los protocolos comprenderán las escrituras matrices de cada año calendario.

Cuadernos

ARTÍCULO 58º.- El Escribano formara cuadernos mediante la agrupación de diez (10) sellos del valor que determina la Ley respectiva, cuya numeración fiscal impresa deberá ser correlativa de menor a mayor. Dichos cuadernos deberán ser numerados a su vez en letras y guarismos, poniéndoles la numeración correlativa que corresponda como parte integrante del protocolo del año respectivo.

ARTÍCULO 59º.- Los cuadernos del protocolo serán sellados y rubricados por el Colegio de Escribanos, quien llevara un cuaderno de rubricas a tal efecto, en el que se anotaran cronológicamente las rubricas que se efectuaren, dejando constancia del nombre y apellido del Escribano, numero de su Registro, numero de cuadernos y numeración de los sellos que lo componen.

Fojas no habilitadas – Requisitos para su uso

ARTÍCULO 60º.- Las escrituras publicas solo podrán ser asentadas en los folios habilitados, según la forma establecida precedentemente.

En casos de urgencia, podrán continuarse o iniciarse en otros folios similares a los de actuación protocolar, que deberán ser habilitados por la autoridad que determine la reglamentación el primer día hábil siguiente al de la fecha del documento. Las fojas agregadas llevaran numeración correlativa a la del ultimo folio habilitado. Del referido agregado se dejara constancia en la nota de cierre del protocolo.

ARTÍCULO 61º.- El protocolo de cada año será iniciado con una constancia puesta en el primer sello del primer cuaderno, que exprese el numero de registro y el año del protocolo y se cerrara a continuación de la ultima escritura del año con una nota suscripta por el Escribano que se halla a cargo del registro o su sustituto legal, en la que se expresara, el numero de escrituras asentadas y folios utilizados, numero de sellos usados efectivamente, los documentos anulados o que no pasaron y toda otra circunstancia que el escribano estime procedente.

ARTÍCULO 62º.- Antes de finalizar el año siguiente deberá ser encuadernado el protocolo del año anterior. Esa encuadernación se hará en tomos que no excedan de quince centímetros de espesor. En el dorso de cada volumen se pondrá la siguiente inscripción: Protocolo del año.......Sección........Registro N°.......Folios......Localidad......y nombre de titular y adscripto.

ARTÍCULO 63º.- El primer tomo llevara un índice por orden alfabético de las escrituras autorizadas en el año, con expresión del apellido y nombre de los otorgantes, objeto del acto, fecha y folio de la escritura.

Conservación

ARTÍCULO 64º.- El Escribano retendrá en su poder los protocolos de los últimos cinco (5) años cumplidos, debiendo entregar el que corresponda al año a archivarse, antes del primero de abril de cada año, al Archivo del Poder Judicial.

Es obligación del Jefe de Archivo comunicar a la autoridad encargada de la inspección la recepción de los protocolos archivados cada año y la nomina de los escribanos que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.

ARTÍCULO 65º.- Los Escribanos de Registros son responsables de la integridad y conservación de los protocolos, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

ARTÍCULO 66º.- El protocolo no podrá extraerse de la oficina sino por causa de fuerza mayor o por los motivos y en los casos que dispongan las leyes. El cuaderno corriente podrá ser sacado por el Escribano de su oficina, fuera de las horas hábiles de su servicio publico. En las horas hábiles solo podrán ser extraídos cuando así lo exija la naturaleza del acto o por circunstancias especiales.

Exhibición

ARTÍCULO 67º.- La exhibición del protocolo procederá cuando medie orden del Juez competente o a requerimiento de quien tenga interés legitimo con relación a determinados documentos. Se hallan investidos de tal derecho los otorgantes o sus representantes o sucesores universales y singulares. En los actos de ultima voluntad y en los de reconocimiento de filiación, mientras vivan los otorgantes, únicamente ellos, o el hijo reconocido.

ARTÍCULO 68º.- La exhibición del protocolo no es extensible a aquellos documentos que por su naturaleza fueren considerados secretos por el responsable de su guarda, salvo que se actuare en representación de los otorgantes o de sus sucesores universales facultados especialmente a tal fin. En su caso podrá recurrirse ante el Juez competente.

ARTÍCULO 69º.- En todos los casos el Escribano adoptara las medidas que estime pertinentes para que la exhibición no contraríe sus deberes fundamentales o las garantías de los interesados.

Capitulo II

Escrituras publicas; Requisitos

ARTÍCULO 70º.- Las escrituras publicas se extenderán con sujeción a las disposiciones del Código Civil, otras leyes y sus reglamentaciones y las del presente capitulo. Solo pueden ser asentadas en los cuadernos habilitados de acuerdo con lo dispuesto en el capitulo precedente.

ARTÍCULO 71º.- Cada escritura matriz se iniciara con un membrete en el que se expresara el objeto del acto o contrato y el apellido y nombre de las partes.

ARTÍCULO 72º.- El texto de la escritura comenzara con la constancia del numero de orden que le corresponda dentro del Protocolo de cada año escrito en letras. La numeración será correlativa comenzando cada año con el numero uno. No podrá emplearse el adverbio “bis” en la numeración de las escrituras, ni ninguna otra forma que implique repetir la numeración debiendo comunicar esa circunstancia al Colegio de Escribanos, indicando la escritura anterior y posterior si se hubiere autorizado.

ARTÍCULO 73º.- Además de los requisitos exigidos por el Código Civil, la Escritura deberá expresar:

  1. Si los comparecientes son casados o viudos, en que nupcias y nombre del cónyuge: sin son solteros los datos de familia que los otorgantes quieran consignar;

  2. Edad, nacionalidad, profesión, documentos de identidad y domicilio de los otorgantes y demás comparecientes;

  3. Si se mencionan medidas, fecha, o cantidades de cosas o dinero, deberán serlos en letras y no en guarismos, salvo cuando se transcriban documentos que las consignen en esa forma.

El Escribano no incurrirá en responsabilidades por declaraciones inexactas de los otorgantes, en cumplimiento de los dos primeros incisos.

ARTÍCULO 74º.- Si alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere firmar, el escribano hará constar en la escritura la causa del impedimento y el otorgante dejara la impresión digital preferentemente la del pulgar derecho sin perjuicio de la firma a ruego que establece el Código Civil.

ARTÍCULO 75º.- De los actos jurídicos que se realicen se pondrá nota marginal pertinente en los respectivos títulos; en caso de que los mismos estuvieran depositados en algún establecimiento bancario o de otra naturaleza, el escribano comunicara por nota el acto autorizado. En los escritos referentes a inmuebles se consignaran las circunstancias necesarias para su toma de razón en el registro de la Propiedad.

Sistemas para su realización

ARTÍCULO 76º.- Las escrituras matrices podrán extenderse por el sistema manuscrito o mecanografiado. Siendo optativo el manuscrito o mecanografiado, podrá usarse indistinta o alternativamente para cada escritura cualquiera de estos sistemas, pero en todos los casos deberá terminarse por el mismo procedimiento gráfico de su iniciación.

ARTÍCULO 77º.- Solo se usara tinta negra para las escrituras matrices, sin ingredientes que puedan corroer el papel o atenuar, borrar o hacer desaparecer el escrito.

Formas para su redacción

ARTÍCULO 78º.- Las escrituras publicas deberá redactarse de corrido en un solo cuerpo sin abreviaturas, blancos ni intervalos, al estilo claro y preciso. Los nombres propios de los comparecientes en toda escritura publica, deberán ser transcriptos, sea que se utilice el sistema manuscrito o mecanografiado, con el tipo común y minúscula y los apellidos con letras totalmente mayúsculas. Cuando se utilice el sistema manuscrito, los nombres y apellidos de los otorgantes se consignaran en letra tipo imprenta, destacándose el apellido.

ARTÍCULO 79º.- Toda escritura sin excepción deberá iniciarse en la primera línea de la plana o carilla del sello inmediato siguiente al de la escritura anterior, debiendo considerarse plana o carilla aquella en que consta el numero de sello, rubrica o foliatura respectiva. La parte libre del sello que quede entre el final de una escritura y el comienzo de otra puede ser utilizada por los escribanos para notas de expedición de copias, constancias de oficios judiciales y toda otra anotación que se refiere a esa escritura.

ARTÍCULO 80º.- Cuando el texto no se concluya, el escribano consignara “errose” bajo su firma. En este caso se repetirá la numeración.

Si concluido el texto no se firmase, o firmado por una de las partes no lo fuese por las demás, el escribano consignara “no paso”, bajo su firma, expresando la causa en el segundo supuesto.

Firmada la escritura por todas las partes, solo podrá quedar sin efecto mediante una nota extendida a continuación, expresando la causa y firmando nuevamente las partes. El escribano suscribirá la nota final. En estos casos la numeración continuara. Texto modificado por Ley N.º 900/90

ARTÍCULO 81º.- El escribano salvara las enmiendas, testaduras e interlineaciones, antes de las firmas de los interesados. Las que no fueren en parte esencial podrán salvarse por nota complementaria. En la copia así se hará constar, transcribiendo dicha nota firmada y sellada. Lo salvado contendrá las palabras por entero, excepto cuando comprenda un párrafo de diez palabras o mas, en cuyo caso podrá citarse el folio, las líneas y la primera y ultima palabra de aquel.

ARTÍCULO 82º.- Terminado el texto de la escritura y antes de su firma, los agregados que se hicieren serán precedidos de un titulo o epígrafe que los destaque. Después de la firma y antes de su autorización, el agregado deberá ser firmado nuevamente por quienes ya lo hubiesen hecho.

ARTÍCULO 83º.- Las escrituras hechas con todas las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ley, deben ser firmadas por todos los comparecientes y autorizadas al final por el Escribano con su firma y sello.

Capitulo III

De las actas

ARTÍCULO 84º.- Las actas estarán sujetas a los requisitos de las escrituras publicas con las siguientes modalidades:

  1. Se hará constar el requerimiento que motiva la intervención del Escribano;

  2. Las personas requeridas o notificadas serán previamente informadas del carácter en que interviene el autorizante y en su caso, del derecho a contestar;

  3. Podrán autorizarse aunque algunos de los requeridos se rehuse a firmar, de lo que se dejara constancia.

De la comprobación de hechos

ARTÍCULO 85º.- Podrá ser requerido para comprobar hechos y cosas que presencie, verificar su estado, su existencia y la de las personas. En el acta respectiva dejara constancia de las declaraciones y juicio que emitan peritos, profesionales u otros concurrentes, sobre la naturaleza, características y consecuencias de los hechos comprobados.

Remisión de correspondencia

ARTÍCULO 86º.- La intervención en la remisión de correspondencia por correo, se hará constar en acta en el Libro de Registro de Intervenciones Extraprotocolares y el escribano procederá a rubricar y sellar el original, el despacho al destinatario estará a su cargo y entregara copia al requirente. En ambos ejemplares dejara constancia de su intervención.

Reservara agregados al folio del libro los comprobantes que le suministre el correo o copia autentica de ellos.

De las protocolizaciones e incorporaciones

ARTÍCULO 87º.- La protocolización de documentos públicos o privados, dispuesta judicialmente o requerida por los particulares a los fines señalados en las leyes para darles fecha cierta o con otros motivos, se cumplirá mediante las siguientes formalidades:

  1. Se extenderá acta con la relación del mandato judicial que lo ordena o del requerimiento y de los actos que identifiquen el documento. Será obligatoria su transcripción cuando se trata de testamento ológrafo;

  2. Se agregarán al protocolo el documento y en su caso, las actuaciones que correspondan;

  3. No será necesaria la presencia y firma del Juez que lo dispuso;

  4. Al expedir copia, si el documento protocolizado no hubiere sido transcripto, se reproducirá el texto del acta en primer termino y a continuación, el correspondiente al documento protocolizado

ARTÍCULO 88º.- La protocolización de actuaciones judiciales o administrativas, se cumplirá relacionando las partes del expediente y transcribiendo las piezas que corresponda según la naturaleza de las actuaciones y la finalidad perseguida por el requirente.

Si las actuaciones se refieren a negocio inmobiliario, el acta contendrá asimismo la referencia a la titularidad y las especificaciones relativas a esta clase de bienes que exijan las leyes y reglamentaciones respectivas.

De los depósitos

ARTÍCULO 89º.- En los casos y en las formas que dispongan las leyes, los escribanos recibirán en deposito o consignación, cosas, documentos, valores y cantidades. Su admisión es voluntaria y sujeta a las condiciones que se determinen cuando no exista obligación legal.

Las circunstancias relativas a los intervinientes, objetos, fines y estipulaciones constaran en acta, excepto cuando puedan documentarse mediante certificación de simple recibo.

Capitulo IV

De las copias

ARTÍCULO 90º.- El Escribano Titular de Registro, su adscripto o su reemplazante legal, deberán expedir a las partes que lo pidieran, las copias que le fueran requeridas de las escrituras otorgadas en su protocolo. Exceptúanse de esta disposición las segundas copias o ulteriores que para su expedición requieren autorización judicial.

ARTÍCULO 91º.- Las copias de escrituras publicas, solo podrán ser expedidas por los nombrados en el artículo anterior mientras los protocolos se hallen en su poder, y por el Director de Archivo de los Tribunales mediante orden judicial, cuando se hallaren depositados en él.

Forma de extenderse

ARTÍCULO 92º.- La copia de una escritura deberá ser copia fiel de la escritura matriz, en la que se dejara constancia al principio si es la primera, segunda o sucesivas expedidas y al final, después de la transcripción de la escritura, el folio y el año del protocolo que se hallare extendida, numeración de los sellos en que se expiden las copias, partes para quien se expiden y fecha de expedición, poniendo al final el Escribano su firma y sello. Cuando se trata de actos sujetos a inscripción, el Escribano consignara también los datos en la misma. Si se expidiera copia por orden judicial se hará constar la autoridad que la ordeno.

ARTÍCULO 93º.- Las copias pueden ser hechas a maquina o manuscritas, fotocopiadas o copia carbónica por fijación hidrostática. Todas las hojas constituidas serán selladas y rubricadas por el Escribano. Las que se expidieran a maquina observaran los mismos requisitos y condiciones establecidos para las escrituras matrices expedidas por el sistema mecanografiado. Si se expidiera por copia carbónica por fijación hidrostática, la copia deberá ser obtenida directamente en papel notarial habilitado.

ARTÍCULO 94º.- Todas las correcciones, interlineamientos y enmendaduras existen en el texto de una copia, deberán ser salvadas al final por el escribano de su puño y letra.

Copias simples, extractos y certificados

ARTÍCULO 95º.- Podrán los Escribanos a pedido de parte interesada otorgar certificados y extractos de las escrituras y a pedido de parte, expedir copia simple de las escrituras que autoricen, en papel común y cumpliendo los requisitos exigidos para las copias.

ARTÍCULO 96º.- Los Escribanos podrán certificar la autenticidad de la fotocopia o fotografía de otros documentos sin que ello implique darle carácter de copia.

Capitulo V

Libro de intervenciones extraprotocolares

ARTÍCULO 97º.- Cada escribano llevara un libro de registro de intervenciones extraprotocolares en el que se anotaran por orden cronológico y en forma de acta dichas intervenciones con las modalidades que determine la reglamentación.

La intervención extraprotocolar, cumplimentando los requisitos exigidos en la legislación de fondo y en la presente, tendrá el carácter de instrumento publico.

Texto modificado por Decreto Ley N.º 756/79

ARTÍCULO 98º.- El libro será habilitado y provisto por el Colegio de Escribanos.

ARTÍCULO 99º.- El Escribano es responsable de la integridad y conservación del libro a cuyo respecto regirá lo dispuesto en el Artículo 66°.

ARTÍCULO 100º.- El Colegio de Escribanos no dará curso a ningún tramite de legalización de firma del escribano sin la constancia de haberse cumplimentado las disposiciones del Artículo 101°.

Requisitos de estos documentos

ARTÍCULO 101º.- En los documentos extraprotocolares, sin perjuicio de los que le sean aplicables como consecuencia de disposiciones del Código Civil, de esta y otras leyes, se expresara:

  1. Lugar y fecha de otorgamiento y otros datos cronológicos cuando así lo exijan las leyes, las particularidades de su contenido o lo estime el escribano;

  2. El numero de orden y folio que corresponda al acta en el libro de registro de intervenciones extraprotocolares;

  3. Las circunstancias relacionadas con el requerimiento y con las situaciones, cosas, documentos y personas objeto de la atestación;

  4. Que los hechos le constan al escribano por percepción directa o de otra manera. Cuando la evidencia se funde en documentos, si le han sido exhibidos y las referencias tendientes a su identificación y al lugar donde se encuentran.

Autenticación de firmas e impresiones digitales

ARTÍCULO 102º.- En la autenticación de firmas e impresiones digitales, además de lo preceptuado en el Artículo 101°, se consignara en el texto documental:

  1. Que el requirente es de conocimiento personal del escribano o que ha acreditado su identidad, indicando el medio;

  2. Que la firma o impresión digital ha sido puesta en su presencia.

Prohibiciones

ARTÍCULO 103º.- No se autenticaran firmas o impresiones digitales puestas en documentos con espacios en blanco, salvo que el escribano deje constancia en el libro de registro de intervenciones extraprotocolares y en la nota, de las cuales son los espacios en blanco al momento de su intervención.

El Escribano denegara la prestación de funciones si el documento contuviera cláusulas contrarias a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres.

Existencias de personas

ARTÍCULO 104º.- En el certificado de existencia de personas, se dejara constancia de la presencia del interesado en el momento de expedirse, y del conocimiento de dicha persona por parte del escribano o del medio por el cual se identifico ante él.

Asiento de libros

ARTÍCULO 105º.- En las certificaciones sobre asientos de libros de actas, de correspondencia, laborales, de comercio u otros, de sociedad, asociaciones o de particulares, se expresara el nombre de la persona individual o colectiva de que se trate, su domicilio, y si los libros exhibidos se hallan o no rubricados.

Deberá identificarse el lugar donde se encuentra el asiento o correspondencia y si el certificado es de tenor literal o extracto.

Existencia de representaciones y poderes

ARTÍCULO 106º.- Al certificar la existencia de representaciones o poderes, se especificaran los documentos que han sido exhibidos al escribano, enunciando los datos tendientes a su individualización. Además, podrá hacerse un relato breve de las cláusulas de las cuales resulta su alcance.

Capitulo VI

Registro de testamentos

ARTÍCULO 107º.- El Colegio llevara el registro de testamentos en el que tomara razón de la existencia de los documentos respectivos de manifestaciones de la ultima voluntad con prescindencia absoluta de su contenido, a saber:

  1. Testamento por acto publico;

  2. Testamentos cerrados y ológrafos;

  3. Protocolización de testamentos, sea cual fuera su carácter;

  4. Revocaciones de testamentos cualquiera fuera su forma;

  5. Las escrituras publicas por las que se nombre tutor con efecto para después del fallecimiento del otorgante;

  6. Los demás documentos que determine el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 108º.- La inscripción que se practique se limitara a hacer constar:

  1. El nombre y apellido del otorgante y los demás datos personales que tiendan a su mejor individualización;

  2. En su caso, el lugar y fecha de otorgamiento, numero de folio de la escritura, el Registro Notarial, nombre del autorizante o depositario y lugar en donde se encuentra el documento.

Comunicación

ARTÍCULO 109º.- Es obligación de los Escribanos de la Provincia, comunicar al Registro de Testamentos, con su firma y sello y con los datos determinados precedentemente, el otorgamiento de todo testamento publico, los nombramientos de tutor, las protocolizaciones de testamentos, la recepción de testamentos ológrafos o cerrados para su guarda y la cesación de estos y revocaciones testamentarias, dentro de los treinta días del hecho respectivo. Para los Escribanos de otras circunscripciones, miembros del Cuerpo Diplomático y Consular que en el ejercicio de sus funciones autoricen actos de última voluntad o se hagan depositarios de ellos, Jueces de Paz o miembros de las municipalidades, o en los casos de testamentos especiales previstos por el Código Civil y para los propios testadores, la comunicación al registro es facultativa.

Certificaciones

ARTÍCULO 110º.- El Registro tendrá carácter reservado y solo podrán expedirse certificaciones sobre las circunstancias determinadas en el Artículo 108° en los siguientes casos:

  1. Cuando lo requiere el otorgante, por si o por medio de mandatarios con facultades expresas conferidas en escritura publica;

  2. A requerimiento judicial;

  3. Libremente sobre la existencia de actos registrados, cuando se acreditare el fallecimiento del otorgante mediante la exhibición de la partida de defunción o del testimonio de la sentencia de presunción de fallecimiento.

ARTÍCULO 111º.- Los Escribanos de la Provincia agregaran al protocolo, la constancia expedida por el Registro de haberse recibido la comunicación, toda vez que se trate del otorgamiento o revocación de testamento por acto publico o de nombramiento de tutor. Pondrán además, nota marginal en la matriz.

TITULO V

COLEGIO DE ESCRIBANOS

Capitulo Unico

Personería

ARTÍCULO 112º.- El Colegio de Escribanos de la Provincia de Formosa, tendrá el carácter de persona jurídica de derecho publico y como Colegio Notarial, la Dirección y representación exclusiva del notariado de la Provincia.

Composición y organización

ARTÍCULO 113º.- El Colegio se compone de todos los Escribanos matriculados de la Provincia. La organización, estructura y funcionamiento del Colegio se regirán por las disposiciones de la presente Ley, su reglamentación y sus propios estatutos.

Órganos

ARTÍCULO 114º.- Son órganos del Colegio: La Asamblea y el Consejo Directivo. Podrán a su vez constituirse delegaciones locales y designarse comisiones auxiliares del Consejo Directivo o de la Delegación.

Asamblea

ARTÍCULO 115º.- La Asamblea se compone de todos los Escribanos matriculados. Las sesiones serán ordinarias o extraordinarias. Sus convocatorias, atribuciones, quórum, funcionamiento y resoluciones se regirán por las disposiciones contenidas en el Reglamento de esta Ley, en los Estatutos del Colegio y otras normas que resulten de aplicación.

ARTÍCULO 116º.- El Colegio de escribanos estará representado por su Presidente en los casos y forma que determinen sus Estatutos y la reglamentación de la presente Ley.

Consejo Directivo

ARTÍCULO 117º.- El Colegio de Escribanos será dirigido por un Consejo Directivo constituido de acuerdo a las siguientes bases:

  1. Por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, dos Vocales titulares y dos Vocales suplentes, que reemplazara a los titulares en caso de impedimento y en el orden en que fueran elegidos según el numero de votos;

  2. Para ser electo presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, se requerirá una actividad profesional como titular o adscripto no menor de cinco (5) años y de tres (3) en la matricula para los demás cargos del Consejo Directivo;

  3. La votación será directa, secreta y obligatoria para todos los escribanos matriculados, salvo impedimento justificado. La elección será a simple pluralidad de votos, eligiéndose las autoridades por dos años, pudiendo sus miembros ser reelectos por un solo periodo consecutivo;

  4. Los cargos del Consejo Directivo son gratuitos y obligatorios para todos los escribanos, salvo impedimento debidamente justificado.

Delegaciones y comisiones auxiliares

ARTÍCULO 118º.- Para ser miembro de dichas delegaciones y comisiones auxiliares, se requiere estar domiciliado en la localidad donde las mismas tengan su asiento. Las delegaciones y comisiones auxiliares, funcionaran en la forma y con las atribuciones que determine el Reglamento y Estatutos del Colegio.

ARTÍCULO 119º.- Los recursos del Colegio de Escribanos estarán constituidos por:

  1. La cuota mensual que abonara cada Escribano colegiado y la cuota mensual adicional que abonara cada Escribano titular o adscripto al registro;

  2. El importe que abonaran los Escribanos de registro por cada escritura que autoricen;

  3. Los fondos provenientes de los servicios específicos que prestan a sus asociados;

  4. Las donaciones y legados que recibiera;

  5. Las multas que se determinen de acuerdo a la presente Ley;

  6. Los derechos a percibirse en concepto de legalizaciones.

El monto de las cuotas y aportes que establece el presente artículo serán fijados anualmente por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Colegio de Escribanos.

Deberes y atribuciones

ARTÍCULO 120º.- Son deberes y atribuciones del Colegio de Escribanos:

  1. Mantener los principios en que se sustenta la inscripción del notariado con la finalidad de afianzar en el ámbito que le es propio, los valores jurídicos de seguridad y certeza, que le es propio;

  2. Vigilar el cumplimiento por parte de los escribanos de la presente Ley, así como de toda disposición emergente de las leyes, decretos, reglamentos o resoluciones del Colegio, que tengan atinencia con el notariado;

  3. Asegurar el respeto de la investidura de los Escribanos y el ejercicio regular de su ministerio velando por el decoro profesional, por la mayor eficacia de los servicios notariales y por el cumplimiento de los principios de la ética profesional;

  4. Atender a la defensa de los derechos de los Escribanos y a su bienestar moral y material;

  5. Llevar la matricula profesional, rubricar y sellar los cuadernos de protocolos y libros de intervenciones extraprotocolares, llevar el registro de rubricas, legalizar los documentos notariales y armonizar y mantener al día las estadísticas de los actos notariales;

  6. Tomar conocimiento de todo juicio o sumario promovido contra un Escribano a efectos de aportar los elementos que estimare pertinente;

  7. Ejercer en forma exclusiva la representación profesional de los Escribanos de la Provincia.

Texto modificado por Ley N.º 900/90 – inc. 8.

ARTÍCULO 121º.- El Colegio de Escribanos colaborara con las autoridades cuando fuera requerido para ello, en el estudio de los proyectos de leyes, decretos, reglamentaciones, ordenanzas, etc. Podrá presentarse en demanda de cualquier naturaleza que tenga atinencia con el notariado o los Escribanos en general, y evacuar consultas de estas mismas autoridades, de los escribanos individualmente o de las instituciones análogas, que creyeran oportuno formular, sobre asuntos notariales.

ARTÍCULO 122º.- El Colegio de Escribanos formara anualmente, mediante sorteo, la nomina de escribanos que deberán prestar servicios o requerimiento de los organismos públicos.

ARTÍCULO 123º.- Las disposiciones de la presente Ley no modifican los derechos adquiridos, ni las situaciones pendientes de resolución y que se hayan originado en la vigencia de normas notariales anteriores.

ARTÍCULO 124º.- El Colegio de Escribanos entrara a funcionar en un plazo de ciento ochenta (180) días, desde la vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 125º.- Hasta tanto se organice el Colegio de Escribanos, las funciones que conforme a la presente Ley corresponden al mismo, serán cumplidas por el Tribunal de Superintendencia, el que podrá, a requerimiento del Colegio, devolverle progresivamente las facultades, en la medida que resulte posible el ejercicio de las mismas.

ARTÍCULO 126º.- La presente Ley será reglamentada en un plazo de sesenta días, contados a partir de su publicación.

ARTÍCULO 127º.- Derogase la Ley N° 18 y sus modificatorias y toda otra disposición que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 128º.- REGÍSTRESE, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, publíquese y archívese.

Publicado en Boletin Oficial N.º 1405 de fecha 31 de Enero de 1979; pág. 1 a 31.

Decreto reglamentario N.º 1097/79; publicado en Boletin Oficial N.º 1486 de fecha 30 de Mayo de 1979; pág. 12.

Regimen complementario: Ley N.º 1219/97; publicado en Boletin Oficial N.º 6074 de fecha 16 de Diciembre de 1997, pág. 2.

JUAN CARLOS COLOMBO

Grl Br (R)

Gobernador

DECRETO LEY N.º 756/79

Formosa, 24 de Mayo de 1979

VISTO:

Lo actuado en el expediente N.º 17.293 – A - 79 del registro de Mesa General de Entradas y Salidas de la Gobernacion y en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Instrucción N.º 1/77, Artículo 1°, Apartado 1, Punto 1.8 de la Junta Militar,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

LEY:

Articulo 1°: Modifícanse los siguientes articulos de la Ley Provincial N.º 719, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

Artículo 12: Los escribanos que no siendo titulares de Registros se encuentren colegiados, podrán referenciar títulos, desempeñar la funcion de perito inventariados y desarrollar actividades que no constituyan función fedante.

Artículo 19°: No podrán ejercer la funcion notarial:

1°) Los que cumplan setenta y cinco (75) años de edad;

2°) Los incapaces e inhabilitados judicialmente;

3°) Los procesados por delitos dolosos desde que hubiere quedado firme la prision preventiva;

4°) Los condenados por delitos dolosos mientras dure la condena y sus efectos. La inhabilidad será perpetua en el supuesto que el delito hubiera sido contra la propiedad, la administracion o la fe publica.

En los casos de procesos o condenas por delitos dolosos de los que no causen inhabilidad perpetua el Tribunal de Superintendencia podrá eximir al Escribano de ésta sanción siempre que no estuviere privado de la libertad.

Artículo 20°: Ultima parte: La infracción a lo dispuesto en los incisos del presente artículo, será penado con la destitución del cargo notarial.

Artículo 21°: Las incompatibilidades prescriptas en el artículo anterior entrarán a regir de inmediato para todo aquel que se halle en ejercicio, o sea designado escribano de registro a partir de la sanción de ésta ley.

Artículo 23°: En el cumplimiento de sus funciones los Escribanos titulares, adscriptos o suplentes, tendrán los siguientes deberes:

1°) Autorizar con su firma los documentos en que intervengan;

2°) Asesorar en asuntos de naturaleza notarial a quienes lo requieran;

3°) Estudiar los asuntos para los que fueren requeridos y examinar las capacidades, legitimidades, habilitaciones y representaciones invocadas para la concreción de los actos a formalizarse;

4°) Guardar el secreto profesional el que será reglamentado juntamente con las dispensas que por justa causa corresponde;

5°) Proceder de conformidad con las reglas éticas;

6°) Tramitar la inscripcion en los Registros Publicos de los actos pasados en su protocolo;

7°) Asentar en todo documento que los interesados le exhibieran, nota de los actos que hayan autorizado o tengan relacion con el mismo;

8°) Residir en el lugar de asiento del Registro y concurrir asiduamente a su oficina, la que deberá estar abierta al público no menos de siete horas diarias continuas o discontinuas;

9°) Remitir el Tribunal de Superintendencia un estado del movimiento de los protocolos dentro de los plazos y con los datos que se fije por reglamento;

10°) Tener a la vista los certificados vigentes exigidos por las leyes registrales y de catastro de la Provincia, sin perjuicio de los demás que correspondan conforme a la legislación vigente, para autorizar documentos relacionados con la tramitación y constitución de derechos reales sobre inmuebles;

11°) Adoptar las medidas adecuadas tendientes a asegurar el cumplimiento, en legal forma, del principio de matricidad respecto de los documentos que invoquen las comparecientes para acreditar titularidades, representaciones y habilitaciones;

12°) Intervenir profesionalmente toda vez que fueren requeridos de acuerdo a las circunstancias y con las excepciones que por reglamento se fijen;

13°) Expedir a las partes interesadas copias, certificados y extractos de los actos autorizados en la Escribania a su cargo;

14°) Conservar en buen estado los protocolos, registros y documentos a su cargo mientras se hallen en su poder;

15°) Exhibir los protocolos y Libros de Intervenciones Extraprotocolares en los casos y en la forma que por reglamento se fijen.

Artículo 27°: Todo escribano titular podrá adscribir a su Registro hasta 2 (dos) escribanos. El aspirante o adscripto deberá estar matriculado.

Artículo 30°: El adscripto tendrá igual competencia que el titular y actuará en la oficina de éste y en su mismo protocolo. Lo reemplazará en caso de ausencia, enfermedad u otro impedimento y si vacare el registro asumirá su interinato con conociemiento inmediato del Tribunal de Superintendencia y del Colegio, hasta tanto se provea su titularidad.

El interinato no podrá ser inferior a 3 (tres) años salvo que antes de cumplirse ese plazo al propio adscripto solicite se llame a concurso para cubrir la vacante, con sesenta (60) dias de anticipación. En caso de renuncia del adscripto, la misma deberá ser comunicada con 10 (diez) dias de anticipación.

Artículo 97°: Cada escribano de registro llevará un libro de intervenciones extraprotocolares en el que se anotarán – por orden cronológico y en forma de acta – dichas intervenciones con las modalidades que determina la reglamentación.

La intervencion extraprotocolar, cumplimentando los requisitos exigidos en la legislación de fondo y en la presente, tendrá el carácter de instrumento público.

Artículo 2°: Derógase el Artículo 36° de la Ley N.º 719.

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, publíquese y archívese.

Publicado en Boletin Oficial N.º 1486 de fecha 30 de Mayo de 1979; pág. 6 a 10.

JUAN CARLOS COLOMBO

Grl Br (R)

Gobernador

Visto: 556

DECRETO N.º 1174.-

Formosa, 14 de Agosto de 1985

VISTO:

La resolucion legislativa N.º 322/85, que se refiere a la aceptación de las observaciones al proyecto de ley N.º 512, oportunamente formuladas por este Poder Ejecutivo (Expte. S-20.145/85); y

CONSIDERANDO:

Que por el articulo 10° de la citada resolucion se autoriza al Poder Ejecutivo a ordenar el texto del proyecto de ley N.º 512, de conformidad con el artículo 1° de la misma.

Que al efecto indicado, es procedente el dictado del respectivo acto Administrativo.

Por ellos y lo dictaminado por la Fiscalia de Estado a fs. 24.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°: Téngase por texto ordenado de la ley N.º 512, el cuerpo de disposiciones que se anexa y forma parte del presente decreto.

Artículo 2° y 3°: De Forma.-

F. E. BOGADO

V. B. JOGA

TEXTO ORDENADO DE LA LEY N.º 512

La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de Ley:

TITULO I – DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPITULO I : Ámbito de Aplicación – Relación personal o de dependencia.-

Artículo 1°.- Los Honorarios profesionales de abogados matriculados en la Provincia y que se hayan devengado en juicios, gestiones administrativas o extrajudiciales se regirán por las disposiciones de la presente ley si no se hubiera convenido el pago de una suma mayor.

Principio de Onerosidad – Relación Personal o de Dependencia.-

Artículo 2°.- La actividad profesional de los abogados es de carácter oneroso, excepto en los casos en que conforme a excepciones legales pudieran actuar gratuitamente. Texto modificado según Ley N.º 564.

*Texto original: (segundo párrafo) Aquellos profesionales que actuaren para un cliente con asignación fija o en relación de dependencia no podrán invocar esta ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuera ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a la parte contraria.

CAPITULO II: Pactos Principio General

Artículo 3°.- Los abogados y procuradores podrán fijar por contrato el monto de sus honorarios sin otra sujeción que a esta ley y al Código Civil.

Pacto de Cuota Litis

Los profesionales podrán asimismo pactar con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más asuntos o procesos consistirán en participar en el resultado de estos. En esos casos, los honorarios del abogado y del procurador en conjunto y por todo concepto, no podrán exceder del cuarenta (40%) por ciento del resultado. Cuando la participación en el resultado del pleito, sea superior al veinte (20%) por ciento, los gastos que correspondieren a la defensa del cliente estarán a cargo del profesional. La responsabilidad de este por las costas se distribuirán proporcionalmente. Los asuntos o procesos previsionales, almentarios y de familias, no podrán ser objeto de pactos, tampoco podrán pactarse honorarios exclusivamente en relación a la duración del asunto o proceso.

Serán nulos los pactos sobre honorarios por gestiones donde se trate de sortear un impedimento legal en el que esta interesado el orden publico.

Excepciones.- Nulidad de la renuncia de honorarios.

Art. 4°.- Toda renuncia anticipada de honorarios o pacto por un monto inferior al que correspondiere de acuerdo con esta ley, será nulo de nulidad absoluta, excepto cuando se pacte con: ascendientes y descendientes en línea recta, cónyuge o hermano del profesional. Texto modificado según Ley N.º 564.

*Texto original: (segundo y tercer parrafo): El profesional que hubiera renunciado anticipadamente a sus honorarios o convenido un monto inferior al previsto en esta ley, si reclamare el pago de honorarios superiores a los pactados, según fuere el caso será suspendido de seis (6) meses a cinco (5) años en la matricula, y sufrirá una multa del 50% al 100% del monto de honorario que se reclame.

Las sanciones dispuestas en el presente artículo serán impuestas por el Juez de la causa, por el tramite previsto para los incidentes en el código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia. Para la percepción forzosa de la multa tendrá legitimación activa el representante del Ministerio Publico Fiscal.

Artículo 5°.- La revocación de poder no anulará el pacto sobre honorarios, salvo que ello hubiere sido motivado por culpa del abogado, en cuyo caso éste será reembolsado por regulación judicial si correspondiere.

Artículo 6°.- El profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus gestiones puede separarse del juicio en cualquier momento. En tal caso quedará sin efecto el contrato y sus honorarios se regularan judicialmente.

Si pidiera regulación de honorarios por los trabajos efectuados en cualquier estado del proceso queda anulado "ipso jure" el pacto o contrato de honorarios con su cliente.

CAPITULO III – Unidad de Medida Arancelaria

Artículo 7°.- Con la denominación de "Jus" se fija la nulidad de honorarios profesional del abogado. El "Jus" es equivalente al 1% de la remuneración total asignada al cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de la Provincia.

 

TITULO II – Labor judicial

 

CAPITULO I – Principios y Pautas para fijar el monto del honorario

 

Pautas Generales.

Artículo 8°.-Para fijar el monto de los honorarios se tendrán en cuenta las siguientes pautas, sin perjuicio de otras que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares de los asuntos o procesos.

a) El monto del asunto o proceso, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria.

b) La naturaleza y complejidad del asunto o proceso;

c) El resultado que se hubiere obtenido;

d) El mérito de la labor profesional apreciado por la calidad, eficacia y extensión del trabajo;

e) La actuación profesional con respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal;

f) La trascendencia judicial, moral y económica que tuviere el asunto o proceso para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes.

 

Porcentajes

Artículo 9°.- Los honorarios de los abogados, por su actividad durante la tramitación del asunto o proceso en primera instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria serán fijados entre el 11% y el 20% del monto del proceso.

Los honorarios del abogado de la parte vencida serán fijados entre el 7% y el 17% del monto del proceso.

 

Mínimo

Artículo 10.- En ningún caso, la regulación podrá ser inferior a 4 "Jus" en justicia de Paz y de 8 "Jus" ante el Juzgado de Primera Instancia, Tribunales Colegiados de Justicia única, Cámaras de Apelaciones y Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 11.- Los profesionales que actuaren en asuntos propios percibirán sus haberes de la parte contraria, si estos fueren condenados a pagar las costas.

 

Actuación conjunta sucesiva

Art. 12.- Cuando actuaren conjuntamente varios abogados por una misma parte, a fin de regular honorarios se considerara que ha existido un solo patrocinio o una sola representación, según fuere el caso.

Cuando actuaren sucesivamente, el honorario se distribuirá en proporción a la importancia jurídica de la respectiva actuación y a la labor desarrollada por cada uno.

Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado el honorario se regulara considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado.

 

Patrocinio

Artículo 13.- Cuando el abogado actuare solo como patrocinante de la parte de interés percibirá el 90% de la asignación que le hubiere correspondido en carácter de apoderado.

 

Litis consorcio

Artículo 14.- En los casos de Litis Consorcio activo o pasivo, en que actuaren diferentes profesionales al servicio de cualesquiera de las partes, los honorarios de cada uno de ellos se regularan atendiendo a la respectiva actuación cumplida, al interés de cada Litis Consorte y a las pautas del artículo 8°, sin que el total excediere en el 40% de los honorarios que correspondieren a la aplicación del artículo 9° primera parte.

 

Segunda o Ulterior Instancia

Artículo 15.- Por las actuaciones correspondientes a segunda o ulterior instancia, se regulara en cada una de ellas del 25% al 35% de la cantidad que debe fijarse en primera instancia. Si la sentencia apelada fuera revocada en todas sus partes a favor del apelante, al honorario de su letrado se fijara en 35% (treinta y cinco por ciento).

 

Administrador Judicial

Artículo 16.- Si el profesional actuare como administrador judicial en procesos voluntarios Contencioso o Universal, en principio serán aplicadas las pautas del artículo 9°, 1ra. parte, sobre el monto de las utilidades realizadas durante su desempeño. En circunstancias especiales cuando el honorario resultante fuera un monto excesivamente elevado o reducido, podrá aplicarse el criterio de tener en cuenta total o parcialmente además de las pautas del artículo 8°, el valor del caudal administrativo o ingresos producidos y el lapso de la actuación.

 

Interventor y Veedor

Artículo 17.- Si el profesional actuare como Interventor el honorario se fijara en el 50% de lo que correspondería al administrador; si actuare como veedor en el 30%.

 

Partidor

Artículo 18.- Si el profesional actuare como partidor, el honorario se fijara en el 20% del que correspondiere por aplicación del artículo 9° primera parte.

 

Procesos arbitrales

Artículo 19.- En los procesos arbitrales se aplicaran los articulos precedentes y los siguientes en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de dichos procesos.

CAPITULO II – Monto del Proceso y de los honorarios

Artículo 20.- Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción.

Proceso sin sentencia ni transacción.

Artículo 21.- Cuando el honorario debiere regularse sin que se hubiera dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención, cuando ésta se hubiere deducido.

 

Sentencia Posterior

Artículo 22.- Si después de fijado el honorario se dictare sentencia, se incluirá en la misma una nueva regulación de acuerdo con los resultados del proceso.

Artículo 23.- Depreciación monetaria: A los efectos de la regulación de honorarios, la depreciación monetaria integrara el monto del juicio.

La determinación de la depreciación monetaria para la aplicación de esta ley se realizara de acuerdo con la variación de los índices de costo de vida de la ciudad de Formosa, suministrado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia.

Estos índices serán suministrados mensualmente a cada uno de los Juzgados y Tribunales por el Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 24.- Determinación de los montos: Sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley, el monto de los juicios se determinaran:

INMUEBLES O DERECHOS SOBRE LOS MISMOS

a) Si no fueran tasados en el juicio se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento en que se practique la regulación incrementada en el 20%.

Reputándose esta valuación inadecuada al valor real del inmueble, el profesional estimara el valor, de lo que se dará traslado por cédula por cinco días a quienes se encuentran obligados al pago de honorarios a regularse. El traslado será bajo apercibimiento de tenerlos por conformes si no se opusieran. En caso de oposición el Juez designara peritos de la lista oficial quien se deberá expedir en el plazo de 10 (diez) días.

La pericia se pondrá de manifiesto por cinco (5) días, por auto que se notificara a las partes. Si el valor que le asigne el Juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que el fiscal o el que hubiere propuesto el obligado, las costas de las pericias serán soportadas por este ultimo; de lo contrario serán a cargo del profesional. Este procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en lo principal, difiriéndose la regulación de honorarios.

b) Muebles – Semovientes. Cuando se trate de juicios sobre muebles, semovientes o automotores, se tomara como cuantía del asunto el valor que surja de autos, sin perjuicio de efectuarse la determinación establecida en el inciso anterior y por el mismo procedimiento.

c) Sumas de dinero: en juicios de cobro de sumas de dinero, la base de regulación será el capital y sus accesorios. Si el reclamo se ampliare con posterioridad a la sentencia, por haber vencido nuevos plazos, o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, se tendrá como valor el pleito, el total de lo reclamado.

d) Derechos Creditorios: el valor designado en las escrituras o documentos respectivos, deducidas las amortizaciones normales previstas en los mismos, o las extraordinarias que justifique el interesado.

e) Títulos de renta y acciones de entidades privadas: el valor de cotización en la bolsa de comercio de la Capital Federal. Si no cotizaren en bolsa, el valor que informe la entidad bancaria oficial. Si por esta vía fuera imposible lograr la determinación, estará a la estimación que efectúa la parte.

f) Establecimientos comerciales, industriales o mineros: Se valuara el activo conforme a las normas de este artículo. Se descontara el pasivo justificado por certificación contable u otro medio idóneo cuando no se lleve contabilidad en forma legal, y al liquido que resulte se le sumara un diez (10) por ciento que será computado como valor llave.

g) Dinero, crédito u obligaciones expresados en moneda extranjera: Se estará al valor de plaza conforme al tipo de cambio mas elevado que establezcan las autoridades pertinentes.

h) Usufructo: Se determinara el valor de los bienes conforme a las normas de este artículo, disminuyéndose en un cincuenta (50%) por ciento.

i) Nuda Propiedad: Se adoptaran las mismas pautas del inciso anterior.

j) Uso y Habilitacion: Será valuado en el doce (12) por ciento anual del valor del bien respectivo, justipreciado según las reglas de este artículo, y el resultado se multiplicara por el numero de años por el que se tramite el derecho, no pudiendo exceder en ningún caso del cien (100) por ciento de aquel.

k) Bienes sujetos a agotamiento, minas, canteras y similares; Se determinara el valor por el procedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo.

l) Concesiones, derechos, marcos y privilegios: se regirán las mismas normas del inciso anterior.

Artículo 25.- SUCESIONES: En el proceso sucesorio cuando un solo abogado patrocine o represente a todos los herederos o interesados, su honorario se regulara sobre el monto del acervo, inclusive los gananciales, aplicando una escala del once (11) al veinte (20) por ciento del total y de acuerdo con las siguientes pautas:

a) Inmuebles: El valor se tomara sobre lo dispuesto en el inciso a) artículo 24.

b) Otros Bienes: Para establecer el valor se seguirán las pautas reglamentadas en el artículo 24 inc. b al I.

Cuando conectare en el proceso un valor por tasación, estimación o venta superior a la valuación fiscal, dicho valor será considerado a los efectos de la regulación.

Cuando el haber sucesorio se integre con un solo bien inmueble que hubiera constituido el hogar conyugal, cuya valuación no exceda el limite establecido en la provincia para su afectación al régimen de bien de familia, y el mismo se destine a vivienda familiar, siendo los herederos el cónyuge, ascendientes o descendientes, el honorario se fijara en el mínimo de la escala. Será nulo todo pacto o convenio por el que se exceda dicho monto. Respecto de los demás bienes muebles se aplicara la escala indicada en el primer párrafo.

Cuando intervengan varios abogados, se regularan los honorarios clasificándose los trabajos, debiendo determinar la regulación el carácter de común a cargo de la masa o particular a cargo del interesado.

Actuación en interés particular de alguna de las Partes

Las actuaciones profesionales que se realizaren dentro del proceso sucesorio en el solo interés particular de alguna de las partes, se regularan separadamente y quedaran a cargo exclusivo de dicha parte.

ALBACEAS

Los honorarios de los profesionales que actuaren como albaceas o que los asistieren, se fijaran de acuerdo con las pautas precedentes respecto de las actuaciones de iniciación o prosecución del proceso. Si la actuación del profesional albacea se hubiere limitado a lograr el cumplimiento de las medidas dispuestas en el testamento, los honorarios se fijaran atendiendo a su valor económico y a la extensión de las actuaciones cumplidas.

Artículo 26.- Alimentos: En los procesos por alimentos, el monto será el importe correspondiente a un (1) año de la cuota que se fijare por la sentencia, o la diferencia durante igual lapso en caso de una posterior reclamación.

Artículo 27.- DesalojoEn los procesos por desalojos, el monto será el importe de un (1) año de alquiler.

En los procesos por consignación de alquileres, el monto será el total que se consignare.

Artículo 28.- Medidas precautorias: En las medidas cautelares, el monto será el valor que se asegurare y se aplicara al treinta y tres (33) por ciento de las pautas del artículo 9°, primera parte.

Artículo 29.- Expropiaciones: En los procesos de retrocesion, el monto será el de la indemnización que fijare la sentencia o transacción.

Artículo 30.- Retrocesión: En los procesos de retrocesion, el monto será el valor del bien al tiempo de la sentencia que hiciere lugar a la misma, o al monto de transacción.

Artículo 31.- Concursos Preventivos y Quiebras: En los concursos preventivos y quiebras, los honorarios serán regulados conforme a las pautas del artículo 8° y de la legislación especifica.

El honorario del abogado patrocinante de cada acreedor se fijara aplicando las pautas del artículo 9° primera parte sobre:

a) La suma liquida que debiera pagarse al patrocinado en los casos de acuerdo preventivo homologado;

b) El valor de los bienes que se adjudicare, o la suma que se liquidare al acreedor en los concursos civiles o quiebras;

c) El monto del crédito verificado en el pertinente incidente.

Artículo 32.- Liquidación de la Sociedad Conyugal: En la liquidación de la sociedad conyugal, excepto cuando se disolviere por muerte de uno de los cónyuges, se regulara al profesional de cada parte conforme al artículo 9°, primera parte, sobre el cincuenta (50) por ciento de la totalidad del activo de la sociedad conyugal.

Los cálculos se hará sobre el monto de los bienes existentes al momento de la disolución de la sociedad conyugal y sus incrementos durante el proceso, si se produjeran.

Artículo 33.- Pensión, interdictos, Mensuras, Deslindes, División de cosas comunes, Escrituración: En las acciones posesorias, interdictos, mensuras, deslindes, división de cosas comunes, y por escrituración el monto del proceso será el valor de los bienes objeto del mismo, determinado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24, si la actuación hubiere sido en beneficio general, y con relación a la cuota de la parte defendida, si la actuación solo hubiere sido en beneficio del representado.

Artículo 34.- En los incidentes, el honorario se regulara entre el diez (10) por ciento y el treinta (30) por ciento de lo que correspondieren al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudieren tener con la solución definitiva del proceso principal.

Artículo 35.- TERCERÍAS: En la tercería el monto será el de los bienes objeto de la misma y se considerara dividida en etapas cuando se le imprima el tramite de los juicios ordinarios o sumarios.

Artículo 36.- Juicios Ejecutivos: En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, no oponiéndose excepciones, por lo actuado desde su iniciación, hasta la sentencia del remate inclusive, el honorario del abogado será calculado de acuerdo con la escala del artículo 9°, reduciéndose el monto hasta un treinta (30) por ciento. Habiendo excepciones, se reducirá un diez (10) por ciento.

Artículo 37.- Medidas Cautelares: En las medidas cautelares se regulara sobre el monto que se tiende a asegurar, y se aplicara un tercio de la escala del artículo 9°, salvo los casos de controversias, en que será la mitad.

Artículo 38.- Ejecución de Sentencia: En el procedimiento de ejecución de sentencia recaída en procesos de conocimientos, las regulaciones de honorarios se practicara aplicando la mitad de la escala del artículo 9°. Las actuaciones posteriores a la sentencia de remate se regularan en un cuarenta (40) por ciento de la escala del mismo artículo.

Artículo 39.- Gestión Util: En casos de gestión útil, por los trabajos del abogado, que beneficien a terceros, acreedores o embargantes que concurran, el honorario se incrementara en un dos (2) por ciento de los fondos que resulten disponibles a favor de aquellos a consecuencia de su tarea.

Artículo 40.- Causas Laborales: En las causas laborales y complementarias tramitadas ante tribunales de trabajo, se aplicaran las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en los procedimientos contradictorios cuanto en las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las que intervenga como tribunal de alzada.

En las acciones de entidades gremiales por cobro de aportes se considerara como el valor de juicio el de tres años de aportes mensuales que se obtengan por la acción, o el de la demanda -el que fuera mayor- aplicando la escala del artículo 9°.

En las demandas de desalojo por restitución del inmueble o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerara como valor del juicio el veinte (20) por ciento del ultimo salario mensual que deba percibir según su categoría profesional por todo lapso de relación laboral con un computo mínimo de 2 años.

En la tercería de competencia de la justicia laboral se aplicara el artículo 36.

Artículo 41.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS: Por la interposición de acciones y peticiones de sustancias administrativas se seguirán las siguientes reglas:

a) Demandas contencioso administrativas: Lo determinado en el artículo 9° si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria.

b) Actuaciones ante organismos de la Administración Publica, Empresas del Estado, municipalidades y entes descentralizados y autárquicos, cuando tales procedimientos están reglados por normas especiales, el profesional podrá solicitar regulación judicial de su labor si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria, y se aplicara el inc. a) del presente artículo, con una reducción del treinta (30) por ciento.

En todos los casos en que los asuntos no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior a 25 "Jus" o 10 "Jus" según se trate del ejercicio de acciones contencioso – administrativas o de actuaciones administrativas respectivamente.

Cuando se practique la regulación por las actuaciones en sedes administrativas, el juez mandara notificar por cédula a la Caja Forense.

Artículo 42.- GESTIÓN ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: Las gestiones ante el registro publico de comercio se regularan teniéndose en cuenta:

a) Por cada inscripción en la matricula de comerciante, el mínimo establecido en el artículo 45;

b) Por cada inscripción de contrato o estatuto de sociedades comerciales, sus modificaciones, prorrogas, aumento de capital, cesión de cuotas sociales y disoluciones totales o parciales, se regularan sobre el valor de acto sujeto a inscripción, entre el cinco (5) y quince (15) por mil, con un mínimo del 10 "jus".

Artículo 43.- ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD – AMPARO – HABEAS CORPUS: Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo y de Habeas Corpus se aplicaran las normas del artículo 8°, con un mínimo de 20 "jus".

Artículo 44.- TRAMITACIÓN DE OFICIOS Y CEDULAS DE OTRA JURISDICCIÓN: El honorario por diligenciamiento de oficios, testimonio, mandamiento, cédula, ley precedente de otros jueces o tribunales será regulado en esta jurisdicción de acuerdo a lo dispuesto en la "Ley de convenio sobre comunicaciones entre tribunales de la República", con sujeción al arancel siguiente:

a) Dos "jus" por cada notificación o acto semejante, no pudiendo exceder el total de los honorarios de seis "jus", salvo que el oficio comprendiera otras diligencias de distinta índole.

b) Del dos al seis por ciento del valor de los bienes con un mínimo de 10 "jus" cuando se soliciten inscripciones de dominios, hijuelas, gravámenes, secuestros, embargos, inhibiciones, inventarios y/o tasaciones, remates y cualquier otro acto susceptible de apreciación pecuniaria.

Por el levantamiento o cancelación de estas medidas se regulara el 1% sobre el monto de las mismas y no menos de 4 "jus".

c) Cuando se trate de diligencias de prueba y se hubiere intervenido en su produccion o contralor, el juez requerido regulara los honorarios proporcionalmente a la labor desarrollada de acuerdo al artículo 8°, con un mínimo de 6 "jus".

Si se suscitaren incidentes, se regularan los honorarios acerca de estas cuestiones, de acuerdo con las normas de los artículos 35 y 36.

CAPITULO III

Artículo 45.- HONORARIOS MÍNIMOS EN ASUNTOS JUDICIALES NO SUSCEPTIBLES DE APRECIACIÓN PECUNIARIA: Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en las disposiciones precedentes los honorarios mínimos que corresponde percibir a los abogados por su actuación profesional resultara del numero de "jus" que a continuación se detalla:

- Divorcios..............................................................................................60 "jus"

- Divorcios por presentación conjunta...................................................30 "jus"

- Adopciones..........................................................................................20 "jus"

- Tutela curatela.....................................................................................15 "jus"

- Insania y filiación................................................................................30 "jus"

- Tenencia y régimen de visitas..........................................................10 "jus"

- Informaciones sumarias...................................................................10 "jus"

- Inscripción de la matricula de comerciante......................................15 "jus"

- Autorización para ejercer el comercio y tramites similares ante el Reg. Publico de Comercio..........................................................................8 "jus"

- Rubrica de libros de comercio...........................................................8 "jus"

- Presentación de denuncias penales con firma del letrado................10 "jus"

- Pedido de excarcelación...................................................................10 "jus"

- Excarcelación concedida..................................................................12 "jus"

- Pedido de eximición de prisión........................................................10 "jus"

- Eximición de prisión concedida.......................................................12 "jus"

- Defensas penales:

Sumario

I. Contravenciones o faltas administrativas: Defensa, 12 "jus"; con pruebas producidas, 20 "jus"; resolución favorable, 25 "jus".

II. Juicios correccionales; Defensa, 22 "jus" con pruebas producidas. 25 "jus"; sobreseimiento provisorio, 30 "jus" definitivo, 40 "jus".

III. Juicios criminales: Defensa, 30 "jus", con pruebas producidas, 35 "jus" sobreseimiento definitivo 60 "jus".

Plenario (absorbe honorarios del sumario)

I. Juicios correccionales: Defensa, 25 "jus"; con pruebas producidas, 35 "jus"; sentencia condenatoria, 40 "jus", sentencia absolutoria, 55 "jus".

II. Juicios criminales: Defensa, 30 "jus"; con pruebas producidas, 45 "jus"; sentencia condenatoria, 50 "jus"; sentencia absolutoria, 60 "jus".

Actuación de particular damnificado.

a) Embargo e inhibiciones: Como en los juicios civil y comercial.

b) Revocación de libertad provisoria, 12 "jus"; con pruebas producidas, 22 "jus".

c) Obtención de prisión preventiva o con pruebas producidas, 50 "jus".

d) Obtención de condena definitiva, 30 "jus"; con pruebas producidas, 50 "jus".

Actor civil y materia penal; como en materia civil y comercial.

a) Querellas, 30 "jus"; con producción de pruebas 50 "jus"; con éxito, 60 "jus".

b) Patrocinio de defensores; como en materia civil y comercial.

CAPITULO IV

ETAPAS PROCESALES

Artículo 46.- DIVISIÓN DE ETAPAS: Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se consideraran divididos en etapas.

Artículo 47.- PROCESOS ORDINARIOS: Los procesos ordinarios, se consideraran divididos en tres etapas. La primera, comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención y sus respectivas contestaciones; la segunda, las actuaciones sobre la prueba; y la tercera, los alegatos y cualquier actuación posterior hasta la sentencia definitiva.

Artículo 48.- SUMARIOS, SUMARISIMOS, LABORALES, INCIDENTES: Los procesos sumarios, sumarísimos, laborales e incidentes, se consideraran divididos en dos etapas; la primera comprenderá la demanda, la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de la prueba; la segunda las actuaciones sobre la producción de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia definitiva.

Artículo 49.- PROCESOS DE EJECUCIÓN: Los procesos de ejecución se consideraran divididos en dos etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y las actuaciones hasta la sentencia; la segunda las actuaciones posteriores hasta el cumplimiento de la sentencia definitiva.

Artículo 50.- PROCESOS ESPECIALES: Los interdictos, procesos por incapacidad, inhabilitación y rehabilitación, alimentos, rendición de cuentas, mensuras y deslindes, expropiación y demás procesos especiales que no tramitaran por el procedimiento ordinario, se consideraran divididos, en dos etapas. La primera comprenderá el escrito inicial y su contestación; la segunda, las actuaciones posteriores hasta la sentencia definitiva.

Artículo 51.- PROCESOS SUCESORIOS: Los procesos sucesorios se consideraran divididos en tres etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial; la segunda, las actuaciones posteriores hasta la declaratoria de herederos a la aprobación de testamento; la tercera, los tramites posteriores hasta la determinación del proceso.

Artículo 52.- PROCESOS ARBITRALES: Los procesos arbitrales se consideraran divididos en las etapas correspondientes al procedimiento que se hubiere dispuesto seguir.

Artículo 53.- PROCESO PENAL: Los procesos penales se consideraran divididos en tres etapas. La primera, comprenderá hasta el dictado de los autos de sobreseimiento o de prisión preventiva; la segunda hasta el traslado de la defensa y la tercera hasta la sentencia definitiva.

Artículo 54.- PROCESO CORRECCIONAL: Los procesos correccionales se consideraran divididos en dos etapas. La primera comprenderá hasta la acusación o defensa y la segunda hasta la sentencia definitiva.

Artículo 55.- ESCRITOS INOFICIOSOS: Los trabajos y escritos notoriamente inoficiosos no serán considerados a los efectos de la regulación de honorarios.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y COBRO

Artículo 56.- REGULACIÓN DE OFICIO: Aun sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regulara el honorario respectivo de los abogados de las partes, salvo que la condena incluya el pago de intereses, frutos y otros accesorios, en cuyo caso habrá de diferirse la regulación hasta la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva.

Artículo 57.- PLUS PETICIÓN INEXCUSABLE: No procederá la regulación de honorarios a favor de los profesionales apoderados o patrocinantes de la parte que hubiere incurrido en plus petición inexcusable, si además se calificare por resolución fundada, de maliciosa o temeraria la conducta de aquellos.

Artículo 58.- ESTIMACIÓN: Al cesar la intervención del abogado y a su pedido los jueces y tribunales efectuaran las regulaciones que correspondan de acuerdo a este arancel.

Los profesionales podrán formular la estimación de sus honorarios, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideren computables. De la estimación se dará traslado por cédula por el termino de cinco (5) días a quienes pudieren resultar obligados al pago.

Artículo 59.- Los honorarios reglados judicialmente deberán abonarse dentro de diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio.

Operada la mora el profesional podrá optar por:

a) Reclamar los honorarios revaluados conforme el reajuste establecido en el artículo 23; con mas un interés del 8% (ocho por ciento) anual.

b) Reclamar los honorarios con mas el interés que percibe el Banco de la provincia de Formosa en operaciones de descuento.

Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedaran firme a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real.

En la cédula de notificación en todos los casos y bajo apercibimiento de nulidad, deberá transcribirse este artículo.

Artículo 60.- No serán apelables las Resoluciones que dispongan diligencias probatorias para la determinación de honorarios.

Artículo 61.- Los autos que regulen los honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago.

Serán apelables en el termino de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso, que se resolverá sin substanciación dentro de los diez (10) días de recibido el expediente por la Alzada.

Cuando la regulación fuere hecha por las Cámaras de Apelación Tribunales de única instancia o por el Superior Tribunal de Justicia, no habrá recurso alguno.

Artículo 62.- La regulación judicial firme constituirá Titulo Ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente con el beneficiario del trabajo profesional. La ejecución se sustanciara en incidente separado o, a opción de letrado, por el procedimiento de ejecución de sentencia en el mismo juicio en que se hayan regulado los honorarios.

Estará exento del pago de todo gravamen final la ejecución de honorarios profesionales sin perjuicio de incluirse en la liquidación definitiva a cargo del deudor.

Artículo 63.- Los tribunales antes de los dos años de la ultima intervención profesional al dar por terminado un juicio o expediente, disponer su archivo, aprobar transacción, admitir desistimiento, subrogación o cesión, ordenar el levantamiento de medidas cautelares y entregas de fondos, deberán hacerlo con citación de los profesionales cuyos honorarios no resulte de autos haber sido pagados y siempre que aquellos hubieren constituido domicilio legal a los efectos del presente artículo.

La citación no corresponderá en los casos que existiera regulación de honorarios de profesionales intervinientes.

Artículo 64.- Toda regulación judicial de honorarios profesionales debe hacerse con citación de la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad. Si el proceso fuere de monto determinado por algunos de los procedimientos establecidos en esta ley la regulación de honorarios deberá expresarse en sumas de dinero.

Si el proceso fuere de aquellos no susceptibles de apreciación pecuniaria se fijaran en "jus".

TITULO III – LABOR EXTRA JUDICIAL

Artículo 65.- GESTIÓN EXTRA JUDICIAL: Honorarios mínimos por la Labor Extrajudicial.

Consultas verbales.........................................................................1,5 "jus"

Consultas evacuadas por escrito....................................................2 "jus"

Estudio o información de actuaciones judiciales o administrativas..2 "jus"

Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos..........................................................................................2 "jus"

Por la redacción de contratos de locación, del 1 al 5% del valor del contrato con un mínimo de ..........................................................................6 "jus"

Redacción del boleto de compraventa del 1 al 5% del valor del mismo con un mínimo de ................................................................................10 "jus"

Por la redacción de testamentos el 1% del valor de los bienes con un mínimo de .....................................................................................10 "jus"

Por redacción de contratos o estatutos de sociedades comerciales, o de asociaciones, funciones y constitución de personas jurídicas en general del 1 al 3% del capital social con un mínimo de .................................20 "jus"

Por la redacción de contratos no comprendidos en los incisos anteriores del 1 al 5% del valor de los mismos con un mínimo de .......................6 "jus"

Arreglos extra judiciales. Mínimo al 50% de las escalas fijadas para los mismos asuntos judiciales establecidos en la presente ley............................

Por gastos administrativos no documentados, de estudios por iniciación de juicios (fotocopias, abrir carpetas, aportes del colegio, etc.)......2 "jus"

Redacción de denuncias penales (sin firma del letrado).............8 "jus"

El traslado del profesional fuera de su domicilio a pedido del cliente a cualquier parte del país o del interior de la Provincia, le será retribuido el 25% del valor oficial de un litro de nafta común por kilometro, además de los honorarios del caso.

Artículo 66.- En ningún caso los honorarios serán inferiores al 50% de lo que correspondería si la gestión fuere judicial.

Artículo 67.- Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonaran dentro de los diez días de intimado su pago. Operada la mora del obligado al pago procederá la aplicación de artículos 60,62 y 63, en lo que sea compatible.

TITULO IV – PROCURADORES

Artículo 68.- PRINCIPIO GENERAL: Los honorarios de los procuradores por su actividad judicial y extrajudicial, se regularan de acuerdo con esta ley.

Artículo 69.- PAUTAS: Los honorarios de los procuradores serán fijados en un 40% de lo que correspondiere a los abogados. Cuando los abogados también actuaren en doble carácter, percibirán los honorarios que correspondieren fijar si actuaren por separado abogados y procuradores.

TITULO V – Disposiciones Comunes

Artículo 70.- Los abogados y procuradores designados de oficio, cualquiera sea su naturaleza de juicio en que intervengan, no podrán convenir con ninguna de las partes del monto de sus honorarios, ni solicitar ni percibir de ninguna de ellas suma alguna antes de la regulación definitiva, bajo pena de multa por igual suma a la que convinieran, solicitaren o percibieran, todo ello sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Artículo 71.- Toda transgresión a las disposiciones de la presente ley será sancionada con una multa de cinco (5) a diez (10) "jus", que se elevara hasta el doble en caso de reincidencia, a beneficio del Colegio de Abogados o Procuradores, según el caso, del Departamento judicial donde se cometiere la infracción, lo cual se cobrara por vía de apremio.

Artículo 72.- Las disposiciones de la presente ley se aplicaran a todos los procesos en que no haya regulación firme regulando honorarios, al tiempo de su promulgación. Sin perjuicio de ello, encontrándose pendiente el pago total o parcial de honorarios regulados y firmes en la primera presentación el profesional podrá acogerse al procedimiento del artículo 58 con las formalidades establecidas en el mismo.

Artículo 73.- NORMA DE APLICACIÓN SUPLETORIA: En todo lo no previsto en esta ley, se aplicaran supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

Artículo 74.- Derogase toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 75.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archivese.

Publicado en Boletin Oficial N.º 3038 de fecha 19 de Agosto de 1985; págs. 22 a 40.

Visto: 691

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

LEY N.º 1272.-

Formosa, 24 de enero de 1983.-

VISTO:

Lo actuado en el expediente N.º G- 38.140-82 del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas de la Gobernación, la autorización otorgada por Resolución N.º 5/83 del Señor Ministerio del Interior, lo dispuesto en el Decreto Nacional N.º 877/80 y en ejercicio de las facultades conferidas por la Junta Militar:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

LEY:

TITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1°: 1. Se garantiza a los ciudadanos el derecho de asociación política, para agruparse en partidos políticos democráticos.

2. Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política, para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones y los requisitos que establece esta Ley.

ARTICULO 2°: Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y la realización de la política provincial y les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.

Concurren a la formación y capacitación de dirigentes que se encuentren en condiciones de desempeñar, con idoneidad, los cargos públicos para los cuales sean eventualmente electos o designados.

ARTICULO 3°: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones substanciales:

a) Grupo de ciudadanos unidos por un vńculo político permanente.

b) Doctrina que en la determinación de la política provincial promueva el bien público, a la vez que propugne expresamente el sostenimiento de las instituciones republicanas, representativas, la efectiva consolidación de las autonomías provincial y municipal, conforme a los principios y fines de la Constitución de la Provincia.

c) Organizacion estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos en la forma que establezca cada partido.

d) Reconocimiento judicial de su personeria juridico- politica como partido, la que comporta su inscripcion en el registro publico correspondiente.

ARTICULO 4°: Los partidos reconocidos, además de su personalidad juridico-politica, son personas juridicas de derecho privado, en cuyo carácter podrán adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con el Código Civil y las disposiciones de esta ley.

ARTICULO 5°: Corresponde a la Junta Electoral de la Provincia de Formosa, además de la jurisdiccón y competencia que le atribuye la ley órganica respectiva, el contralor de la vigencia efectiva de los derechos, reconocimientos, atributos, poderes, garantias y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, confederaciones y alianzas, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

TITULO II

DE LA FUNDACIÓN Y CONSTITUCIÓN

CAPITULO I

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA

PERSONERIA JURIDICO- POLITICA

ARTICULO 6°: 1. PARTIDOS PROVINCIALES: Son aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a cargos electivos para integrar la Legislatura Provincial, Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, integrantes de los Consejos Municipales e Intendentes.

2. El reconocimiento de una agrupación para actuar como partido provincial deberá ser solicitada antes la Junta Electoral, acompañando:

a) Documento que acredite la adhesion incial de un número de electores no inferior a doscientos de los inscriptos en el Registro Electoral de la Provincia que contendrá nombre, apellido, domicilio y matrícula de los adherentes, asi como sus firmas certificadas por la autoridad promotora.

b) Acta de fundación y constitucion conteniendo:

- Declaracion de principios y bases de accion politica sancionados por la Asamblea de fundacion y constitución.

- Carta Orgánica sancionada por la Asamblea de fundación y constitución.

- Designación de autoridades promotoras y apoderados.

3. Cumplido el trámite precedente, el partido quedará habilitado para realizar la afiliacion mediante las fichas que entregará gratuitamente la Junta Electoral Provincial.

4. El reconocimiento definitivo será obtenido al acreditar la afiliacion de un numero de electores no inferior al 4%o (cuatro por mil) del total de los inscripotos en el registro de electores obrante en la Junta Electoral.

5. Dentro de los treinta (30) dias de la notificacion del reconocimiento, las autoridades promotoras deberan hacer rubricar por la Junta Electoral los libros que establece el Artículo 41.

6. Dentro de los sesenta (60) dias de la notificacion del reconocimiento, las autoridades promotoras deberán convocar y haber realizado las elecciones internas para construir las autoridades definitivas del partido, conforme a las disposiciones de su respectiva Carta Orgánica. Realizada la elección en el plazo prescripto precedentemente, el acta de la misma será presentada a la Junta Electoral, dentro de los diez (10) dias de celebrada la elección.

7. Todos los trámites ante la Junta Electoral, hasta la constitucion definitiva de las autoridades partidarias, serán efectuadas por las autoridades promotoras o los apoderados, quienes serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones, siendo pasibles de la responsabilidad que para el funcionario publico establece la legislación penal si incurrieren en falsedad.

Esta inscripción habilitará al partido provincial a participar en las elecciones de las autoridades municipales.

ARTICULO 7°: En los partidos provinciales, sus sedes municipales carecen del derecho de secesión. El organismo deliberativo partidario será la unica autoridad que podrá declarar la intervención de una (1) o más sedes que en ningun caso podrá durar más de un (1) año.

La declaración de la intervencion debera precisar los alcances de la misma y sólo podrá estar fundada en la grave violacion de disposiciones expresas de la carta organica y/o de esta ley por parte de las autoridades locales partidarias.

Tal circunstancia deberá ser informada a la Junta Electoral dentro de los diez (10) diaz de declarada la intervención.

ARTICULO 8°: PARTIDOS DE MUNICIPIO: 1. Son aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a cargos electivos para la integracion de los consejos municipales e intendente del municipio en la cual han sido reconocidos según las normas de la presente ley.

2. El reconocimiento de una agrupación para actuar como partido politico de municipio debera ser solicitado ante la Junta Electoral cumpliendo los requsitos siguientes:

a) Acta de fundacion y constitucion que acredite la adhesion inicial de un numero de electores no inferior a cien (100) del total de los inscriptos en la Junta Electoral para ese Municipio, cumpliendo lo dispuesto en el Articulo 6°, apartado 2., inciso a), segundo párrafo de esta ley.

b) Declaracion de principios, programas o base de acción politica y carta organica.

c) Acta de designación de autoridades promotoras y apoderados.

d) Domicilio partidario.

3. Cumplidos los requsitos precedentemente enunciados, el partido de municipio tendrá derecho a su reconocimiento en la forma y con los trámites establecidos en los apartados 3,4,5,6 y 7 del Articulo 6° de la presente ley.

4. Los partidos de municipio reconocidos sólo podrán actuar a nivel comunal.

ARTICULO 9°: Los patidos reconocidos podran confederarse.

Una confederación será provincial cuando se constituya entre varios partidos provinciales, entre uno o varios partidos provinciales y uno o varios de municipio, o reuna partidos o confederación de partidos de municipio, cumpliendo en conjunto los requsitos del Articulo 6°. Una confederación será de municipio cuando se cosntituya entre dos (2) o más partidos de municipio.

El reconocimiento de la confederacion deberá solicitarse al Juez del domicilio de cualquiera de las sedes de los partidos que la integran, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Especificación de los partidos que se confederen y justificacion de la voluntad de formar la confederacion con carácter permanete, expresada por los organismos partidarios competentes.

b) Acompañar testimonio de las resoluciones que reconocieron personeria a cada uno de los partidos que se confederan.

c) Nombre y domicilio central de la confederación.

d) Incluir la declaracion de principios, bases de acción politica y carta organica de la confederacion y los de cada partido.

e) Adjuntar el acta de eleccion de las autoridades de la confederación y de la designacion de los apoderados y suministrar nómina de las autoridades de cada partido.

ARTICULO 10°: Los partidos confederados tienen el derecho de secesion y podran denunciar el acuerdo que los confedera. Sus organismos centrales, carecen de derecho de intervención.

ARTICULO 11°: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos anteriores, los partidos de municipio o provinciales y las confederaciones que hubieren sido reconocidas podrán concretar alianzas transitorias con motivo de una determinada elección, siempre que sus respectivas cartas órganicas lo autoricen.

2. El reconocimiento de la alianza deberá ser solicitado por los partidos que la integran al Juez de aplicación del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, por lo menos dos (2) meses antes de la eleccion, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) La constancia de que la alianza fue resuelta por los organismos partidarios competentes, en reunion convocada especialmente al efecto y por el voto de las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio.

b) Nombre adoptado.

c) Plataforma electoral común.

d) Constancia de la forma acordada para la integración de las listas de candidatos, los que deberán ser elegidos de conformidad a las normas estatutarias de los partidos a los que pertenecen.

e) La designación de apoderados comunes.

ARTICULO 12°: Esta ley tambien se aplica a los partidos politicos que resulten de la fusion de dos (2) o más partidos provinciales o de municipio, ya reconocidos.

El reconocimiento del partido fusionado debera solicitarse a la Junta Electoral, cumpleindo con los requisitos establecidos en el apartado 2), inciso a) del Articulo 6° y acompañando testimonio de la resolucion que reconoce a los partidos que se fusionan.

ARTICULO 13°: Los partidos politicos que hubieren obtenido personeria juridico- politica como partido de distrito de conformidad con las prescripciones de la Ley Nacional Nº 22.627 podrán solicitar su reconocimiento como partido provincial ante el órgano de aplicación de la presente ley. A tal efecto deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:

a) Testimonio de la resolución de la Justicia Nacional competente que le reconoce personeria juridica en el distrito.

b) Declaracion de principios, carta organica y bases de accion politica.

c) Acta de elección de autoridades.

d) Domicilio partidario.

e) Acta de designacion de apoderados.

CAPITULO II

DEL NOMBRE

ARTICULO 14°: 1. Se garantiza a los partidos el derecho a un nombre, su registro y su uso.

2. El nombre deberá ser adoptado en el acto de la constitucion del partido, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificacion.

3. La denominacion del partido únicamente podrá ser utilizada por los partidos en constitución o reconocidos asi como tambien por los partidos a los cuales les haya sido cancelada su personeria juridico- politica.

4. El nombre no debera contener designaciones personales, ni derivados de ellas, ni provocar confusion material o ideologica, y debera distinguirse razonablemente del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

5. La denominación de los partidos no podrá formarse mediante aditamento o supresion de vocablos correspondientes a los nombres de partidos reconocidos, ni usarse los vocablos argentino, nacional o internacional o sus derivados o vocablos cuyos significados afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la Nación Argentina o implicar antagonismo de razas o religiones, ni que contravengan otras disposiciones de esta ley.

ARTICULO 15°: 1. El nombre de un partido, confederacion o alianza legalmente constituido es un atributo exclusivo y no podrá ser usado por ningun otro partido, asociación, agrupación o entidad de cualquier naturaleza en todo el territorio de la Nación Argentina.

2. Cuando una persona, un grupo de personas, un partido o una asociación o entidad de cualquier naturaleza usare indebidamente el nombre registrado de un partido reconocido, la justicia de aplicación decidira a peticion de parte, el cese inmediato del uso indebido, disponiendo el empleo de la fuerza publica para su cumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes.

3. Cuando un partido fuere declarado extinguido, o se fusionare con otro, su nombre no podrá ser usado por ningun otro partido, asociacion o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurrido seis (6) años de la sentencia firme que declare la extinsion del partido.

ARTICULO 16°: 1. El nombre partidario, su cambio o modificacion deberan ser aprobados por la Junta Electoral, previo cumplimiento de las disposiciones legales.

2. Solicitado el reconocimiento del nombre adoptado la Junta Electoral dispondrá la notificacion a los apoderados de los partidos reconocidos y en formacion y la publicacion por tres (3) dias en el Boletin Oficial de la Provincia de la denominación, asi como la fecha en que fue adoptada a efecto de la oposicion que pudieren formular.

3. Los partidos reconocidos o en constitucion podran oponerse al reconocimiento del nombre, con anterioridad a la audiencia prevista en el articulo 66° o en el acto de la misma.

ARTICULO 17°: Se reconoce asimismo a los partidos el derecho al uso permanente de un numero de identificacion, el que será asignado por la Justicia de aplicación y registrado de acuerdo con lo establecido en el articulo 47°, en el orden numérico correspondiente a la fecha de su reconocimiento.

CAPITULO III

DEL DOMICILIO

ARTICULO 18°: Los partidos deberán constituir domicilio legal en la ciudad capital de la Provincia correspondiente al distrito en el que solicitaren el reconocimiento de su personeria juridica- politica. Asimismo, deberá denunciar los domicilios partidarios central y local.

ARTICULO 19°: A los fines de esta ley, el domicilio electoral del ciudadano es el ultimo anotado en la libreta de enrolamiento, civica o en el documento nacional de identidad.

TITULO III

DE LA DOCTRINA Y ORGANIZACION

CAPITULO I

DE LA DECLARACION DE PRINCIPIOS, PROGRAMAS O BASES DE ACCIÓN POLITICA.

ARTICULO 20°: La delcaracion de principios y el programa de bases de accion politica deberan ajustarse de manera formal y real a las exigencias del articulo 3° inciso b) y orientarán la accion del partido.

ARTICULO 21°: No cumplen con los requisitos del articulo anterior los partidos que por su doctrina o en su actuación – por via de sus organismos o candidatos- lleven a la practica en su organización y vida interna o en su acción exterior la negacion de los derechos humanos, la sustitucion del sistema democratico, el empleo ilegal y sistematico de la fuerza y la concentracion personal del poder.

CAPITULO II

DE LA CARTA ORGANIZA Y DE LA PLATAFORMA ELECTORAL

ARTICULO 22°: La carta organiza reglará la organización y el funcionamiento del partido conforme con los siguients principios:

a) Gobierno y administracion, distribuidos en organos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios; las convenciones, congresos o asambleas serán los organos de jerarquia superior del partido; la duracion del mandato en los cargos partidarios, que no podrá exceder de cuatro (4) años.

b) Sancion por los organos partidarios de la declaracion de principios, el programa o bases de accion politica.

c) Apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año duranate el termino minimo de sesenta (60) dias anunciada con un (1) mes de anticipacion; la carta orgánica deberá asegurar el debido proceso partido en todo cuestión vinculada con el derecho a la afiliación.

d) Participacion y control de los afiliados y de las minorias en el gobierno y administracion del partido y en la eleccion de las autoridades partidarias y candidatos a cargos publicos electivos.

e) Determinacion del regimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

f) Determinacion de las causas y la forma de extincion del partido.

g) Conformar tribunales de disciplina, cuyos integrantes gocen de garantias que aseguren la independencia de su cometido.

h) La capacitacion de los cuadros partidarios en la problemática local, provincial, regional, nacional e internacional.

ARTICULO 23°: La carta orgánica constituye la norma fundamental del partido, en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuacion.

ARTICULO 24°: La carta organica y sus modificaciones deberan ser sancionadas por los organos deliberativos del partido y aprobadas por la justicia de aplicación, en lo concerniente a las exigencias del articulo 22°.

ARTICULO 25°: La justificacion de la documentacion exigida en los titulos segundo y tercero de esta ley se hara mediante testimonio o copia autenticada por escribano publico, sin perjuicio de que pueda ser requerida la documentacion original.

ARTICULO 26°: 1. Con anterioridad a la eleccion de candidatos los organismos partidarios competentes deberan sancional una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaracion de principios, el programa o bases de acción politica.

2. Copia de la plataforma, asi como la constancia de la aceptacion de las candidaturas por los candidatos, deberan ser remitidas al juez de aplicación, en oportunidad de requerirse la oficializacion de las listas.

TITULO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

CAPITULO I

DE LA AFILIACIÓN

ARTICULO 27°: Para afiliarse a un partido se requiere:

a) Estar domiciliado en el lugar en que se solicite afiliacion.

b) Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento o civica o el documento nacional de identidad.

c) Presentar por cuadruplicado una ficha de solcitud que contenga: nombre, domicilio, matricula, clase, sexo, estado civil, profesion u oficio y la firma o impresion digital.

La firma o impresion digital deberá certificarse en forma fehaciente por funcionario publico competente. Si la certificacion es efectuada por escribano publico, lo será al solo efecto de la autenticidad, no siendo aplicables las exigencias de registracion a los fines de acordar fecha cierta al acto.

Tambien podran certificar las firmas los integrantes de los organismos ejecutivos y la autoridad partidaria que estos designen, cuya nómina debera ser remitida a la justicia de aplicación. La afiliacion podra ser solcitada ante la Junta Electoral o por intermedo de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el Jefe de dicha oficina certificara la autenticidad de la firma o impresión digital.

Las fichas solicitud serán suministradas sin cargo por la Junta Electoral a los partidos reconocidos o en formacion y a las oficinas de correos. Las fichas a que se hace referencia en el presente inciso serán entregadas por la Junta Electoral con la identificacion del partido. Si las autoridades partidarias al certificar sobre la autencidad de las firmas de afiliacion incurrieran en falsedad, seran pasibles de la responsabilidad que, para el funcionario publico, establece la legislacion penal.

ARTICULO 28°: No pueden ser afiliados:

a) Los excluidos del Registro Nacional Provincial de Electores como consecuencia de disposiciones legales vigente;

b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nacion en actividad, o en situacion de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio.

c) El personal superior y subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación y de las Provincias en actividad o jubilados llamados a prestar servicios.

d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional o provincial.

ARTICULO 29°: 1. La calidad de afiliado se adquirirá a partir de la resolucion de los organismos partidarios competentes que aprobaron la solicitud respectiva, los que deberán expedirse dentro de los noventa (90) dias a contar de la fecha de su presentación.

Transcurrido dicho plazo sin que mediare decision en contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Una ficha de afiliacion se entregará al interesado, otro será conservada por el partido y las dos restantes se remitirána la Junta Electoral.

2. No podrá haber más de una afiliacion. La afiliacion a un partido exige la renuncia previa a toda otra afiliacion anterior.Los que, sin haberse desafiliado formalmente de un partido, se afiliaren a otro serán inhabilitados para el ejercico de sus derechos politicos, incluso la afiliacion a cualquier partido, por el termino de dos (2) años.

La afiliacion se extinguira por renuncia, por expulsion, por incumplimiento o por violacion de lo dispuesto en los Articulos 25 y 27, o por lo previsto en el Articulo 61.

La extincion de la afiliacion, por cualquier causa, sera comunicada a la Junta Electoral por la autoridad partidaria dentro de los treinta (30) dias de haberse conocido.

ARTICULO 30°: El registro de afiliados está constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliacion a que se refieren los Articulos anteriores, el cual será llevado por los partidos y por la Junta Electoral.

ARTICULO 31°: El padron partidario será publico solamente para los afiliados.

Podran confeccionarlo los partidos o a su pedido por la Junta Electoral, peticion que debera ser formulada dos (2) meses antes del acto eleccionario. En el primer caso, actualizado y autenticado, debera remitirle a la Junta Electoral treinta (30) dias antes de cada eleccion interna o cuando este lo requiera. En el segundo, se confeccionará en base al registro que llevará la Junta Electoral y se entregara sin cargo a los partidos con treinta (30) dias de antelacion a cada eleccion interna.

CAPITULO II

ELECCIONES PARTIDARIAS INTERNAS.

ARTICULO 32°: 1. Los partidos practicaran en su vida interna el sistema democratico a traves de elecciones periodicas para la nominacion de autoridades, mediante la participacion de los afiliados de conformidad con las prescripciones de su carta organica.

Los partidos que adoptaron el sistema de convenciones deberán realizar la eleccion de sus autoridades por el voto directo y secreto de los afiliados.

2. Las elecciones internas para la designacion de autoridades del partido seran consideradas validas cuando votase un porcentaje de afiliados superior al diez por ciento (10%) del requisito minimo establecido en el articulo 6°, apartado 4.

De no alcanzarse tal porcentaje, se debera efectuar una segunda eleccion dentro de los treinta (30) dias, que a efectos de ser tenida por valida debera cumplir los mismos requisitos. La no acreditacion de este requisito en elecciones de autoridades dara lugar a la caducidad de la personeria juridico- politica del partido.

3. En caso de oficializarse una sola lista para la eleccion de autoridades, la misma podrá ser proclamada sin necesidad del acto eleccionario. (Texto actual modificado por Ley N.º 805; publicado en Boletin Oficial N.º 3822/88, pág. 3)

*Texto original: 3. En caso de oficializarse una sola lista para la eleccion de autoridades no podra prescindirse del acto eleccionario.

ARTICULO 33°: Las elecciones partidarias internas se regiran por la Carta Organica, subsidiariamente por esta Ley, y en lo que sea aplicable por la legislacion electoral.

ARTICULO 34°: La Junta Electoral podrá, de oficio o a peticion de parte, controlar la totalidad del proceso electoral interno por medio de veedores pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia designados al efecto, quienes confeccionarán un acta con los resultados obtenidos suscripto por las autoridades partidarias.

ARTICULO 35°: El resultado de las elecciones partidarias internas será comunicado a la Junta Electoral y al Boletin Oficial para su publicacion dentro de los diez (10) dias siguientes a la realizacion de la elección.

ARTICULO 36°: No podran ser candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

a) Los excluidos del Registro Nacional y Provincial de Electores como consecuencia de disposiciones legales vigentes.

b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nacion en actividad y en situacion de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio.

c) El personal superior y subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nacion y de la Provincia en actividad o jubilado llamado a prestar servicios.

d) Los magistrados o funcionarios permanentes del Poder Judicial Nacional y de las Provincias.

ARTICULO 37°: La residencia exigida por la Constitucion Provincial o la ley como requsito para el desempeño de los cargos para los que se postulan los candidatos podra ser acreditado por cualquier medio de prueba, excepto la testimonial siempre que figuren inscriptos en el registro de electores del lugar que corresponda.

ARTICLO 38°: El ciudadano que en una eleccion partidaria interna suplantare a otro sufragante, o votare más de una vez en la misma elección o de cualquier otra manera sufragase sin derecho y dolosamente, sera inhabilitado por seis (6) años para elegir y ser elegido, inclusive en las elecciones partidarias internas y para el desempeño de cargos publicos.

CAPITULO III

DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS Y PODERES PARTIDARIOS

ARTICULO 39°: Se garantiza a las autoridades constituidas, el uso del nombre partidario, el ejercico de las funciones de gobierno y administración del partido, y en general el desempeño de todas las actividades inherentes al mismo, de conformidad con esta ley, demás disposiciones legales sobre la materia y la carta organica del partido.

ARTICULO 40°: La titularidad de los derechos y poderes partidarios, reglada en el articulo anterior, determina la de los bienes, simbolos, emblemas, numero, libros y documentacion del partido.

CAPITULO IV

DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS PARTIDARIOS

ARTICULO 41°: 1. Sin perjuicio de los libros y documentos, que prescriba la carta organica, los partidos, por intermedio de cada comité provincial y comité central de municipio, deberan llevar en forma regular los siguientes libros rubricados y sellados por la Junta Electoral:

a) Libro de Inventario.

b) Libro de Caja, debiendo conservarce la documentacion complementaria correspondiente por el término de tres (3) años.

c) Libro de actas y resoluciones en hojas fijas.

2. Además, los comités centrales de municipio llevarán el fichero de afiliados.

CAPITULO V

DE LA PROPAGANDA Y PROSELITISMO PARTIDARIOS

ARTICULO 42°: Se garantiza la libertad de propaganda y proselitismo partidario, dentro de la letra y espiritu de esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 43°: Los carteles, avisos y en general todo medio de propaganda y proselitismo partidario, no podrán ser destruidos, alterados o supuestos por otros.

ARTICULO 44°: La Junta Electoral por conocimiento directo o por denuncia, ordenará la destruccion de los medios de propaganda o proselitismo utilizados en contravencion con las disposiciones legales.

CAPITULO VI

DE LOS SIMBOLOS Y EMBLEMAS PARTIDARIOS

ARTICULO 45°: Se garantiza a los partidos reconocidos el derecho al registro y el uso de sus simbolos, emblemas y numeros, los cuales no podran ser usados por ningun otro partido, asociacion o entidad de cualquier naturaleza.

ARTICULO 46°: El ejercicio del derecho al registro y al uso exclusivo de los simbolos, emblemas y numero partidarios, se regira por las disposiciones contenidas en el Titulo II Capitulo II de esta ley, en lo que sean aplicables.

CAPITULO VII

DEL REGISTRO DE LOS ACTOS QUE HACEN A LA EXISTENCIA PARTIDARIA.

ARTICULO 47°: 1. La Junta electoral llevara un registro publico, a cargo de su respectivo secretario, donde debera inscribirse:

a) Los partidos reconocidos y la ratificacion de los partidos preexistentes.

b) El nombre partidario, sus cambios y modificaciones.

c) El nombre y domicilio de los apoderados.

d) Los simbolos, emblemas y numero partidarios que se registren.

e) El registro de afiliados y la cancelacion o la extencion de la afiliacion.

f) La cancelacion de la personeria juridico- politica partidaria.

g) La extincion y la disolucion partidaria.

2. Todo movimiento en las inscripciones, cambios o modificaciones será comunicado inmediatamente a la Junta Electoral para la actualizacion del registro a su cargo.

TITULO V

DEL PATRIMONIO A SU CARGO.

CAPITULO I

DE LOS BIENES Y RECURSOS

ARTICULO 48°: El patrimonio del partido se integrará con las contribuciones de sus afiliados, los subsidios del Estado y los bienes y recursos que autorice la carta orgánica y que no prohiba la ley.

ARTICULO 49°: Los partidos no podran aceptar o recibir directa o indirectamente:

a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes podran imponer cargos de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberan conservar la documentacion que acredite fehacientemente el origen de la donacion por tres (3) años.

b) Contribuciones o donaciones de entidades autarquicas o descentralizadas nacionales o provinciales, o de empresas concesionarias de servicios u obras publicas de la Nacion, provincias, municipalidades o entidades autarquicas o descentralizadas, o de empresas que exploten juegos de azar, o de gobiernos o entidades o empresas extranjeras.

c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales.

d) Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en situacion de subordinacion administrativa o relacion de dependencia, cuando hubieran sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerarquicas o empleadores.

ARTICULO 50°: 1. Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en el articulo anterior incurriran en multa equivalente al doble de la donacion o contribucion ilicitamente aceptada.

2. La persona de existencia ideal que efectuare las contribuciones o donaciones prohibidas en el articulo anterior incurrira en multa equivalente al decuplo del monto de la donacion o contribucion ilegitimamente realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

3. Las personas fisicas que se enumeran a continuacion incurriran en inhabilitacion para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones publicas y partidarias internas, a la vez que inhabilitacion para el desempeño de cargos publicos, por el termino de dos (2) a seis (6) años.

a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones contempladas en el articulo 49, y, en general, todas las personas que contravinieren lo alli dispuesto.

b) Los afiliados que por si o por interposita persona aceptaren o recibieren a sabiendas donaciones o aportes para el partido de las personas mencionadas en el inciso precedente, asi como los afiliados que por si o por interposita persona, solicitaren a sabiendas de aquellas donaciones para el partido o aceptaren o recibieren donaciones anónimas, en contra de los prescripto por el Articulo 49°.

c) Los empelados publicos o privados y los emnpleadores que intervinieren directa o indirectamente en la obtencion de aportes o donaciones de sus inferiores jerarquicos o empleados, para un partido, asi como los afiliados que, a sabiendas, aceptaren o recibieren para el partido contribuciones o donaciones asi obtenidas.

d) Los que utilizaren, directa o indirectamente, fondo de un partido para influir en la nominacion de cualquier persona en una eleccion partidaria interna.

ARTICULO 51°: Todas las multas que se aplicaren en virtud de las disposiones anteriores ingresarán al Fondo Partidario Permanente creado por el Articulo 55°.

ARTICULO 52°: Los fondos del partido deberan depositarse en bancos oficiales nacionales, provinciales o municipales, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que determinen la carta organica o los organismos directivos.

ARTICULO 53°: Los bienes inmuebles adquiridos con fondos partidarios o que provinieren de donaciones efectuadas con tal objeto, deberán inscribirse a nombre del partido.

ARTICULO 54°: 1. Los bienes muebles o inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos estaran exentos de todo impuesto, tasa o contribucion de mejoras provinciales.

2. La exencion alcanzará a los bienes de renta del partido, siempre que esta fuera invertida exclusivamente en el actividad partidaria y no acrecentare, directa o indirectamente, el patrimonio de persona alguna; asi como tambien a las donaciones en favor del partido y al papel destinado a uso del mismo.

CAPITULO II

DEL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE Y DE LOS SUBSIDIOS Y FRANQUICIAS

ARTICULO 55°: Créase el Fondo Partidario Permanente, con la finalidad de proveer a los partidos reconocidos de los medios economicos que contribuyan a facilitarles el cumplimiento de sus funciones institucionales.

La ley general de presupuesto, determinará, anualmente la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro Fondo Partidario Permanente.

El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Gobierno, dispondrá de dicho fondo, a los efectos que determina esta ley y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Si un partido de municipio o provincial no obtuviera el tres por ciento (3%) de los votos validos emitidos en el municipio o en toda la provincia, respectivamente, perdera el derecho a la participacion en el Fondo Partidario Permanente.

ARTICULO 56°: El Poder Ejecutivo Provincial establecerá las franquicias y exenciones que, con carácter permanente o transitorio, se acordarán a los partidos politicos reconocidos.

CAPITULO III

DEL CONTROL PATRIMONIAL

ARTICULO 57°: Los partidos, por el Órgano que determina la carta organica deberán:

a) Llevar contabilidad de todo ingreso de fondos o especies, con indicacion de la fecha de los mismos y de los nombres y domicilios de las personas que los hubieren ingresado o recibido; esta contabilidad deberá conservarse durante tres (3) ejercicios en todos sus comprobantes.

b) Dentro de los sesenta (60) dias de finalizado cada ejercicio, presentar a la Junta Electoral el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificados por contador publico nacional y por los organos de control del partido.

c) Dentro de sesenta (60) dias de celebrado el acto electoral en que haya participado el partido, presentar a la Junta Electoral cuenta detallada de los ingresos y egresos, relacionados con la campaña electoral.

ARTICULO 58: 1. Las cuentas y documentos a que se refiere el articulo anterior deberán estar en la secretaria de la Junta Electoral para conocimiento de los interesados y del Ministerio Fiscal, durante treinta (30) dias hábiles.

2. Si dentro de los cinco (5) dias habiles de vencido dicho termino no se hicieren observaciones, la Junta ordenara su archivo.

Si se formularen observaciones por violacion de las disposiciones legales o de la carta organica, la Junta Electoral resolverá en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

3. Los estados anuales de las organizaciones partidarias en el municipio y en el orden provincial deberan publicarse por un (1) dia en el Boletin Oficial.

TITULO VI

DE LA CADUCIDAD Y EXTINCION DE LOS PARTIDOS

ARTICULO 59°: La caducidad dará lugar a la cancelacion de la inscripcion del partido en el registro y la perdida de la personeria juridico- politica, subsistiendo aquel como persona de derecho privado.

La extincion pondrá fin a la existencia legal del partido y dará lugar a su disolucion.

ARTICULO 60°: Son causas de caducidad de la personeria juridico- politica de los partidos:

a) La no realizacion de elecciones partidaria internas durante el término de cuatro (4) años.

b) La no presentacion en dos (2) elecciones consecutivas sin causa debidamente justificada.

c) No obtener en alguna de las dos (2) elecciones anteriores, el dos por ciento (2%) del padrón electoral en el departamento provincial. (Texto actual modificado por la Ley N.º 634/86; Boletín Oficial N.º 3346/83, pág 1)

*Texto original: c) No obtener en alguna de las dos (2) elecciones anteriores el tres por ciento (3%) del padrón electoral.

d) La violacion de lo determinado en el Articulo 6°, apartados 5, 6 y Articulo 41°, previa intimacion judicial.

ARTICULO 61°: Los partidos se extinguen:

a) Por las causas que determine la carta organica.

b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta organica.

c) Cuando la actividad del partido, a traves de sus autoridades o candidatos no desautorizados por aquellas, fuere atentatoria a los principios fundamentares establecidos en los Articulos 3°, 20° y 21°.

d) Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente.

ARTICULO 62°: La cancelacion de la personeria juridico- politica y la extincion de los partidos serán declarados por sentencia de la Junta Electoral con todas las garantias del debido proceso legal, en que el partido será parte.

ARTICULO 63°: 1. En caso de declarase la caducidad de la personaria juridico politica de un partido reconocido, en virtud de las causas establecidas en esta ley, previa intervencion del interesado y del procurador fiscal, podrá ser solicitada nuevamente despues de celebrada la primera eleccion cumpliendo con lo dispuesto en el Titulo II.

2. El partido extinguido por sentencia firme no podra ser reconocido nuevamente, con el mismo nombre, la misma carta organica, declaración de principios, programas o bases de accion politica, por el termino de seis (6) años.

ARTICULO 64°: 1. Los bienes del partido extinguido tendran el destino establecido en la carta organica, y en el caso de que ésta no lo determinare, ingresaran, previa liquidacion, al Fondo Partidario Permanente, sin perjuicio del derecho de acreedores.

2. Los libros, archivos, ficheros y emblemas del partido extinguido, quedarán en custodia de la Junta Electoral, la que, pasados seis (6) años y previa publicacion en el Boletin Oficial por tres (3) dias, podrá ordenar su destrucción.

TITULO VII

REGIMEN PROCESAL

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 65°: EL procedimiento ante la Junta Electoral se regirá por las siguientes normas:

a) Las actuaciones tramitarán en papel simple y estarán exentas del pago de la tasa de justicia.

Las publicaciones contempladas en esta ley se harán en el Boletin Oficial de la Provincia y sin cargo.

b) La acreditacion de la personeria podrá efectuarse mediante copia autenticada del acta de eleccion o designacion de autoridades o apoderados o por poder otorgado mediante escritura publica.

c) Tendran personeria para actuar ante la Junta Electoral, los partidos politicos reconocidos o en tramite de reconocimiento, sus afiliados cuando les haya sido desconocidos los derechos otorgados por la carta organica y se encuentren agotadas las instancias partidarias y los procuradores fiscales electorales en representacion del interes u orden publico.

d) En todo cuanto no se oponga a disposiciones especificas de la presente ley, serán de aplicación las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

Será de aplicación el Codigo de Procedimientos en materia penal, para el juzgamiento de los delitos e infracciones contenidos en la presente ley.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO

ARTICULO 66°: El procedimiento para el reconocimiento de los partidos politicos y confederaciones se tramitara según las siguientes reglas:

a) La peticion se formulará de conformidad a lo que se dispone para la demanda sumaria en el proceso civil y comercial, en cuanto le fuera aplicable. En el escrito de presentacion se indicarán los elementos de informacion que quieran hacerse valer, en especial se dará cumplimiento a lo referido en los Articulos 6° a 12°, según fuere el caso.

b) Cumplidos los requisitos exigidos por la presente ley, la Junta Electoral convocará a una audiencia que se celebrara dentro de los diez (10) dias siguientes. A dicha audiencia deberan concurrir inexcusablemente, el peticionante, el procurador (fiscal), y seran tambien convocados los apoderados de todos los partidos politicos reconocidos o en formacion del Municipio de su jurisdiccion o los de otras que se hubieren presentado invocando un interes legitimo.

En este comparendo verbal podran formularse observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley o referentes al derecho, al registro o uso del nombre si no lo hubiesen hecho antes, o emblemas partidarios propuestos. Se presentaran en el mismo acto la prueba en que se fundan tales observaciones. El Ministerio Publico podra intervenir por via de dictamen.

c) Celebrada la audiencia y habiendose expedido el Procurador Fiscal sobre el pedido de reconocimiento y las observaciones que pudieren haberse formulado, la Junta Electoral resolvera dentro de los diez (10) dias.

d) La resolucion que se dicte sera apelable ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y se interpondra ante la Junta Electoral dentro del plazo de cinco (5) dias y será concedido en relación. Los comparecientes a la audiencias prevista en el inciso b) tendran derecho a interponer recurso de apelacion en iguales terminos.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO.

ARTICULO 67°: Cuando la cuestion planteada fuese contenciosa, se tramitara por el proceso sumario previsto en el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

En los casos en que la naturaleza de la cuestion planteada importa una grave perturbacion en el desenvolvimieno del partido politico o en otras situaciones de urgencia debidamente fundadas, siempre que las caracteristicas de la controversia y la prueba ofrecida lo permitieran, la Junta Electoral resolvera de oficio y como primera providencia la sustanciacion del proceso por el tramite sumarisimo del Codigo referido precedentemente.

TITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 68°: Los partidos politicos de municipios o provinciales y las confederaciones definitivamente reconocidas en virtud, de las normas aplicables hasta la entrada en vigencia de la presente ley, mantendran su personeria juridico- politica bajo condicion de cumplir los requisitos exigidos por esta ley; en los plazos fijados a adecuarse a sus disposiciones.

ARTICULO 69°: Dentro del plazo de treinta (30) dias a contarse desde la vigencia de esta ley, los partidos politicos de municipio y los partidos provinciales que quieran actuar en los municipios y se encuentren reconocidos o inscriptos, deberan presentarse ante la Junta Electoral manifestando expresamente, por medio de sus autoridades y apoderados, su decision de reorganizarse de acuerdo con estas nuevas normas, solicitando la designacion de un veedor judicial que será ejercido por un funcionario del Poder Judicial de la Povincia.

La no presentacion dentro del plazo indicado precedentemente, ocasionará la caducidad de la personeria juridico- politica de pleno derecho.

Las autoridades de los partidos de municipio y de los partidos provinciales mantendran la prórroga de sus mandatos hasta la asuncion de las autoridades definitivas.

Las autoridades partidarias provinciales con mandato prorrogado por imperio, de la presente ley carecen del derecho que consagra el Articulo 7° con relación a sus sedes municipales que hayan comenzado el respectivo tramite de reorganización, quedando su facultad limitada al derecho de peticionar la intervencion de manera fundada a la Junta Electoral.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo que antecede, cuando mediaren graves deficiencias en el periodo de reorganizacion partidaria, la Junta Electoral a pedido de parte o de oficio, podrá remover a las autoridades con mandato prorrogado y adoptar las providencias conducentes para dar cumplimiento al propósito señalado.

ARTICULO 70°: El veedor judicial tendrá las funciones de supervisar y controlar:

a) Los procesos de afiliación garantizando amplia libertad e igualdad de oportunidades y la confección del padrón de afiliados.

b) La convocatoria a elecciones internas y medida de difusion pertinentes.

c) La recepción y aprobación de candidaturas.

d) La organización y control del acto electoral.

La gestion del veedor judicial finalizara una vez instalada todas las autoridades partidarias.

La Junta Electoral tendra la mas amplia facultad en cuanto a precisar las funciones de los veedores judiciales, teniendo en cuenta que el objetivo de su designación es el de asegurar que los procesos de afiliacion y de eleccion de autoridades partidarias cumplan acabadamente con los principios y disposiciones de la presente ley.

El veedor judicial dará cuenta del estado de su gestion a la Junta Electoral cuantas veces ésta lo requiera y en especial informará sobre el desarrollo y resultado del proceso de afiliacion al momento en que se acredite el cumplimiento del recaudo de afiliados minimo y una vez concluidas las elecciones de autoridades partidarias y antes de proceder a su proclamacion y puesta en funciones.

En caso de que no fuera posible la designacion de un funcionario del Poder Judicial como veedor, podrán designarse uno o más abogados de la matricula, a los cuales la Junta Electoral fijará una remuneración mensual por todo concepto equivalente a la que percibe el secretario del juzgado.

ARTICULO 71°: 1. Los partidos reconocidos que cumplan con lo dispuesto en el Articulo 69°, tendrán un plazo de tres (3) meses para acreditar el requisito del numero de afiliados exigido por el Articulo 6°, apartado 4. Dicho plazo se computará a partir de la entrega por la Junta Electoral al veedor Judicial, de las fichas de afiliacion. La apertura del registro de afiliados se realizará durante todo el periodo que se fija en el presente apartado.

Se declara la caducidad de las afiliaciones que existieren en todos los partidos politicos al momento de entrar en vigencia la presente ley.

A todos los efectos, solo seran validas las afiliaciones registradas en las fichas a que se hace referencia en el presente apartado.

2. Dentro del mismo plazo, cada partido debera presentar la adecuacion de la declaracion de principios, de las bases de accion politica y de la carta organica según corresponda. Dentro de los quince (15) dias de producida tal presentacion, la Junta Electoral, resolvera, previo dictamen fiscal, si los documentos referidos se encuentran debidamente adecuados a las presentes normas o los observará indicando con precision los aspectos cuestionados.

3. Presentada la documentacion que acredita el cumplimiento del requsito minimo de afiliados que exige el Articulo 6°, apartado 4, la Junta Electoral deberá expedirse acerca del reconocimiento definitivo dentro del plazo de quince (15) dias.

4. Dentro de los sesenta (60) dias de la notificacion del reconocimiento definitivo, que recien podra solicitarse una vez finalizado el termino de afiliacion del apartado 1. del presente articulo, las autoridades partidarias deberan convocar y haber realizado las elecciones internas para construir las nuevas autoridades del partido conforme a las disposiciones de sus respectivas cartas organicas, siendo de aplicación en lo pertinente, lo establecido en el Articulo 6°, apartado 6.

5. Por esta unica vez, se podra acreditar el cumplimiento del requisito exigido en el apartado 1., primer parrafo del presente articulo, presentando constancia del Juez Nacional Electoral de haber dado cumplimiento al mismo, acompañando copia del padrón partidario autenticado por dicha autoridad.

ARTICULO 72°: Cuando el numero de afiliados resultante no alcance el minimo de ley, el partido podrá solicitar, mediante peticion fundada, una ampliacion del plazo por noventa (90) dias, para acreditar el cumplimiento de dicho requsito, bajo pena de caducidad.

ARTICULO 73°: En oportunidad de la primera eleccion de renovacion de autoridades, no serán de aplicación aquellas clausulas contenidas en las respectivas cartas de los partidos que impongan exigencias de antigüedad en la afiliación para la postulacion a cargos partidarios.

La Junta Electoral para esta eleccion será presidida por el veedor judicial, integrandose por los apoderados de las listas presentadas.

TITULO V

ARTICULO 74°: La cifra de inscriptos en los registros provinciales y de municipios a tener en cuenta a los fines de lo dispuesto en el Articulo 6°, apartado 4 y Articulo 7°, apartado 2, será la que surja del estado del Registro Civico de la Nacion confeccionado por el Registro Nacional de Electores de fecha inmediata anterior al del pedido de reconocimiento.

ARTICULO 75°: Queda derogada la Ley N.º 631 y toda otra norma legal que se oponga a la presente.

ARTICULO 76°: Registrese, comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional, publiquese y archivese.

Publicado en Boletin Oficial Nº 2402 de fecha martes 25 de enero de 1983, págs. 5 a 29.

RODOLFO E. RHINER

Gobernador

Visto: 755

DECRETO – LEY N° 490/77

LEY DE EXPROPIACIÓN

Formosa, 22 de Abril de 1977

A S.E.

El señor Gobernador de la Provincia

Gral. (RE) D JUAN CARLOS COLOMBO

Su despacho:

Tengo el honor de dirigirme a V.E. a fin de elevar adjunto proyecto de ley regulatorio del régimen general de las expropiaciones y sustitutivo de su similar n° 82.

Este ultimo ordenamiento legal, primero y único con que cuenta hasta el presente nuestra provincia, agotado ya su ciclo, posee normas desactualizadas y por ello injustas.- Se constituye en la mayor parte de los casos en un factor de conflictos, lejos de su esencial finalidad, imposibilitando una solución rápida y justa en la satisfacción económica del afectado, y por ello en una rémora a la actividad de la Administración.

El proyecto sometido a consideración de V.E. tiene su fuente directa en la ley nacional n° 21.499 recientemente sancionada, de la que se adoptan las normas esenciales del instituto expropiatorio y de aquellos paralelos que también constituyen una novedad en la legislación central.

El apartamiento que el proyecto local pretende, respecto de aquel cuerpo legal, encuentra sustento en las conclusiones extractadas con motivo del Seminario organizado por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo en la Capital Federal durante los días 31 de marzo y 1° y 2° de abril del corriente año, oportunidad en que se sometiera al análisis de profesores y profesionales especializados en la materia, las bondades del nuevo ordenamiento nacional, y del que tuvieran oportunidad de participar los profesionales de este Organismo.

Las objeciones, inconvenientes y reservas formuladas en el curso de los debates de dichas jornadas, sumamente clarificadores en algunos aspectos de la ley, permitió a esta Fiscalía el adecuar el proyecto local en la medida que se estime conveniente, tendiendo a superar, suprimiendo o modificando, aquellas normas consideradas conflictivas.

Se incorporan asimismo al régimen expropiatorio proyectado disposiciones contenidas en la ley 7534 de la Provincia de Santa Fe, muy adelantada en la legislación del instituto, con la finalidad de reglamentar etapas no contempladas o insuficientes previstas en el ordenamiento nacional, particularmente referidas al tramite del procedimiento extrajudicial o de avenimiento, como así a la instancia judicial ante el supuesto de una frustración en la etapa de acuerdo extrajudicial.

En lo que refiere al rubro indemnizatorio, uno de los aspectos mas destacados y esenciales en el nuevo régimen, se sigue fielmente el modelo nacional en consideración a la justicia que entraña el reconocimiento de un valor actual y oportuno al expropiado respecto del bien de que es desapoderado.

Actualmente la expropiación es considerada como un verdadero infortunio dado el mezquino criterio legal – el empleo de pautas – superadas por el proceso económico así lo califican – existente – para el reconocimiento de los valores de la indemnización.

Con el nuevo proyecto, aquella imagen desaparecerá puesto que, el substracto del nuevo ordenamiento responde a criterios de una efectiva y real justicia conmutativa, de una mutación de valores: el expropiante adquiere el bien y el expropiado recibe la compensación económica adecuada, justa y oportuna que corresponda.

Este criterio, novedoso en la legislación, es acompañado por ciertas medidas procedimentales, especialmente referidas a la etapa del “avenimiento” o extrajudicial, en cuyo mérito el expropiante encuéntrase habilitado a adquirir directamente el bien sin necesidad de recurrir al juicio de expropiación.

Así, en el supuesto de tratarse de bienes inmuebles, el valor que fijare el organismo administrativo encargado de tal menester, corresponde un incremento automático del diez por ciento. La “ratio juris” de este plus indemnizatorio, según las expresiones del legislador nacional, responde al propósito de resarcir al propietario expropiado de los perjuicios que experimentara a raíz de la transferencia del bien, perjuicios a veces imponderables y difíciles de concretar “ab initio”, pero no por ellos menos reales.

En la instancia judicial, el resarcimiento por dicho rubro será fijado a prudente arbitrio judicial.

Desempeña un papel destacado del éxito de esta instancia extrajudicial la intervención de la Comisión de Tasaciones, organismo que nace con este proyecto, y cuya función especifica es la de determinar un valor real y actual del bien sujeto a expropiación, de modo tal que, compatibilizando los intereses de Administración y expropiado, sea factible el acuerdo expropiatorio.

Actualmente tal función es desempeñada por la Junta de Tasaciones de la Provincia, organismo creado en función de criterios fiscalistas que no poseen relación estrecha con las asignadas para el instituto expropiatorio, y que, en la practica, por razones varias, ha dado muestras de excesiva lentitud con los lógicos y consiguientes perjuicios derivados de su morosidad, tanto para la Administración como para el expropiado.

No obstante que el nuevo organismo solo tendrá las funciones especificas derivadas de este proyecto, para prevenir toda posibilidad de repetición de la experiencia anterior, se fijan plazos breves y perentorios para el cumplimiento de su cometido, poniéndose a cargo del Fiscal de Estado, funcionario constitucional ligado a la protección de los intereses del Fisco y mandatario en la representación judicial del Estado, las funciones de instar el procedimiento en su etapa administrativa de valoración, como garantía del cumplimiento de los plazos fijados y bajo su directa responsabilidad.

En lo demás, la legislación proyectada sigue los lineamientos de su similar nacional, manteniendo institutos paralelos al expropiatorio, sumamente novedosos en la letra de la ley, y que si bien no parecen de una inmediata aplicación en nuestro medio, sus características de avanzadas y la posibilidad de su utilización en un futuro cercano, hacen aconsejables el incorporarlos.

Como acotación final quiero señalar a V.E. que los profesionales que han tenido la responsabilidad del estudio y realización de este proyecto, en su carácter de componente del organismo que tiene la misión, por mandato constitucional, de proteger los intereses fiscales y representar al Estado en los procesos emergentes de la aplicación de la legislación proyectada, tienen la certeza de que, las normas puestas a consideración de V.E. constituirán, sin dudas, un verdadero adelanto respecto del ordenamiento actualmente vigente, permitiendo fundamentalmente, por la aplicación de criterios mas realistas y justos en la relación expropiante – expropiado, la reducción, sino que la eliminación por tales fundamentos, de los pleitos expropiatorios.

Cabe señalar que el proyecto es elaborado para su sanción “ad referéndum” del Ministerio del Interior, en razón a que la materia en él legislada no encuadra dentro de la capacidad legislativa autónoma reconocida a nuestra provincia por la Directiva n° 1/76 de la Junta Militar, y en atención a las expropiaciones recientemente dispuestas y las proyectadas, particularmente referidas a la satisfacción de necesidades edilicias para el funcionamiento de la Administración, que tornan aconsejable el resolverlas a la luz de las nuevas disposiciones.

Sin más, saludo a V.E. con atenta y distinguida consideración.

Dr. OSCAR RAÚL MONTEPORSI

Fiscal de Estado

LEY N° 490

Formosa, 23 de Abril de 1977

VISTO:

Lo actuado en el expediente N° 13.541 – F – 77 del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas de la Gobernación, lo dispuesto en el Artículo 5° de la Instrucción N° 1/76 de la Junta Militar y “ad – referéndum” del Ministerio del Interior;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

TITULO I

CALIFICACIÓN DE UTILIDAD PUBLICA

Artículo 1°.- La utilidad publica que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual.

TITULO II

SUJETOS DE LA RELACIÓN EXPROPIATORIA

Art. 2°.- Podrá actuar como expropiante el Estado Provincial, las Municipalidades, las entidades autárquicas y las empresas del Estado, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales.

Art. 3°.- La acción expropiatoria podrá promoverse contra cualquier clase de persona de carácter publico o privado.

Art. 4°.- Pueden ser beneficiarios de la expropiación no solo los entes públicos, sino también los sujetos privados, cuando a la utilidad particular acompañe también el interés publico en medida predominante o, cuando menos, equivalente.

TITULO III

OBJETO EXPROPIABLE

Art. 5°.- Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad publica”, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio publico o al dominio privado, sean cosas o no.

Art. 6°.- La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados.

También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad publica se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad publica se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad, queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.

Art. 7°.- Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo.

Igualmente son susceptibles de expropiación los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.

Art. 8°.- La declaración de utilidad publica podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos contenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivo la declaración de utilidad publica.

EXPROPIACIÓN PARCIAL

Art. 9°.- Si se tratase de expropiación parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotacion racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.

En los terrenos urbanos se consideraran sobrantes inadecuados los que por causa de expropiación quedaren con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las ordenanzas o uso locales.

Tratándose de inmuebles rurales, en cada caso serán determinadas las superficies inadecuadas, teniendo en cuenta la explotación efectuada por el expropiado.

En el supuesto de avenimiento, las partes de común acuerdo determinaran la superficie inadecuada, a efectos de incluirla en la transferencia de dominio; en el juicio de expropiación dicha superficie será establecida por el Juez.

Art. 10°.- Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad orgánica, el o los propietarios de estos últimos estarán habilitados para accionar por expropiación irregular si se afectase su estructura arquitectónica, su aptitud funcional o de algún modo resultare lesionado el derecho de propiedad en los términos del Artículo 60°, incisos b) y c).

TITULO IV

LA INDEMNIZACIÓN

Art. 11°.- La indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomaran en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagara lucro cesante. Integraran la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.

Art. 12°.- No se indemnizaran las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaro afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.

Art. 13°.- La indemnización se pagara en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.

TITULAR INCAPAZ

Art. 14°.- Si el titular del bien a expropiar fuere incapaz o tuviere algún impedimento para disponer de sus bienes, la autoridad judicial podrá autorizar al representante del incapaz o impedido para la transferencia directa del bien al expropiante.

CONTRATOS SOBRE EL BIEN

Art. 15°.- No se consideraran validos, respecto al expropiante, los contratos celebrados por el propietario con posterioridad a la vigencia de la Ley que declaro afectado el bien a expropiación y que impliquen la constitución de algún derecho relativo al bien.

TITULO V

DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL

Avenimiento expropiatorio

Art. 16°.- Declarada la utilidad publica de un bien o dispuesta a su afectación cuando la calificación lo sea con carácter genérico el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro del valor máximo que, en concepto de indemnización total, estime la Comisión de Tasaciones conforme a lo previsto en el Titulo IV de la Indemnización. Tratándose de inmuebles el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo concepto en un diez por ciento.

A tal fin y con la antelación debida el funcionario mencionado en el Artículo 17° comunicara a la Comisión la decisión administrativa, procediendo esta al estudio de las indemnizaciones pertinentes, iniciándose tantas actuaciones como sean los bienes afectados y agregándose, salvo imposibilidad, los datos y elementos de individualización del bien, datos personales y domicilio del o de los propietarios.

OFRECIMIENTO

Art. 17°.- Finalizado el tramite fijado por la disposición precedente, el que no podrá exceder del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos desde la fecha de la comunicación al Organismo, la Comisión de Tasaciones producirá su dictamen en la forma establecida en el titulo IV y remitirá el mismo al Fiscal de Estado.

Este funcionario procederá a notificar al o a los interesados que el bien de su propiedad será expropiado, ofreciéndole la indemnización resultante de los estudios pertinentes, y se le intimara para que dentro del termino de quince (15) días hábiles administrativos manifieste su conformidad o, en caso contrario, estime fundadamente el monto de la indemnización a que se considere con derecho y constituya domicilio especial a los efectos del tramite administrativo.

La notificación se hará en el domicilio real del interesado por medios fehacientes. Tratándose de inmuebles se tendrá por tal, si existiese, el domicilio fiscal fijado con respecto al bien. En caso de desconocerse el domicilio se recurrirá directamente a la vía judicial.

En el ofrecimiento se transcribirá el Artículo 22° bajo la responsabilidad del funcionario actuante.

CONTRAPROPUESTA

Art. 18°.- Si en su presentación el interesado formulase contrapropuesta, será considerada por la Comisión, que elevara su informe en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, desde el momento de la remisión de aquella por el funcionario actuante. Sera responsabilidad del funcionario actuante adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los plazos previstos en las instancias administrativas.

ACUERDO

Art. 19°.- Resultando equitativa o conveniente la estimación hecha por el expropiado, o aceptando este la ofrecida, quedara concluido el acuerdo y se dictara el acto administrativo ordenando la transferencia del bien, conforme al Artículo 40°.

PAGO

Art. 20°.- En caso de resultar exitoso el tramite de avenimiento le será pagado al interesado, dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos, el importe acordado contra la presentación de los títulos pertinentes. La demora imputable a la administración dará derecho al expropiado a percibir solamente intereses al tipo oficial cobrados por el Banco de la Provincia de Formosa.

RECHAZO DE LA CONTRAPROPUESTA

Art. 21°.- En caso de no considerarse equitativa o conveniente la contrapropuesta efectuada por el interesado, se le notificara la decisión fundada de mantener el ofrecimiento originario o las modificaciones de que este hubiere sido objeto. El interesado deberá manifestar dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos, únicamente su conformidad o disconformidad. El silencio será interpretado como disconformidad.

FALTA DE RESPUESTA AL OFRECIMIENTO

Art. 22°.- La falta de respuesta por parte del expropiado al tramite de avenimiento, salvo casos debidamente justificados o fundados, dará lugar a que las costas del juicio de expropiación sean soportadas en el orden causado, aun cuando, conforme al artículo 41° de la presente ley, debieran ser a cargo del expropiante.

TITULO VI

COMISIÓN DE LAS TASACIONES

Art. 23°.- La Comisión de las Tasaciones será presidida por el Ministro de Obras y Servicios Públicos y la integraran los Directores de Catastro, Arquitectura y Estadística y Censos. Cuando la naturaleza del bien expropiado lo exija podrán incorporarse a requerimiento del presidente, otros dos representantes de organismos oficiales con competencia en la materia de que se trate.

Funcionara en jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y tendrá su asiento en la Dirección de Catastro. El personal necesario será asignado por el presidente y el que establezca la ley de presupuesto.

Art. 24.- Sesionara validamente con la totalidad de sus miembros y sus decisiones serán motivadas, transcribiéndose en el dictamen los fundamentos que lo informan y las disidencias, si existieran.

Art. 25°.- Para el cumplimiento de sus fines podrá requerir la colaboración e informes necesarios de los organismos públicos así como de entidades privadas representativas de su actividad.

Art. 26°.- Cuando la Comisión de Tasaciones deba dictaminar a requerimiento judicial en la oportunidad prevista en el Artículo 29°, se integrara además con un representante del expropiado que podrá designarse hasta diez días después de la apertura de la causa a prueba. Si no lo hiciera dentro de ese periodo se prescindirá de su intervención.

TITULO VII

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Art. 27°.- No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación.

PROCESO

Art. 28°.- El proceso tramitara por juicio sumario, con las modificaciones establecidas por esta ley y no estará sujeto al fuero de atracción de los juicios universales.

Promovida la acción, se dará traslado por quince (15) días al demandado. Si se ignorase su domicilio, se publicaran edictos durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación de la Provincia.

En la contestación de la demanda el expropiado deberá limitar sus pretensiones expresándolas en forma concreta, considerándose, caso contrario, que acepta el dictamen que produzca la Comisión de Tasaciones.

Las partes podrán alegar por escrito sobre la prueba dentro del plazo común de diez días, computándose desde que el Secretario certifique de oficio sobre la producción de la misma.

Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el Juez llamara autos para sentencia, la que deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de quedar firme aquella providencia.

Las partes podrán interponer todos los recursos admitidos por el Código Procesal Civil y Comercial.

COMISIÓN DE TASACIONES

Art. 29°.- Clausurado el termino ordinario de prueba se dará intervención a la Comisión de Tasaciones, la que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días del requerimiento judicial. Este plazo podrá ser ampliado por otro igual a pedido del órgano citado. Deberá tenerse presente lo dispuesto por el Artículo 26°.

SENTENCIA

Art. 30°.- La sentencia fijara la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien a tiempo de la desposesión. Para establecer la depreciación monetaria, se descontara del valor fijado la suma consignada en el juicio, conforme con lo previsto en el Artículo 31°, efectuándose la actualización sobre la diferencia resultante hasta el momento del efectivo pago.

En tal caso, los intereses se liquidaran a la tasa del seis por ciento anual, desde el momento de desposesión hasta el del pago, sobre el total de la indemnización o sobre la diferencia, según corresponda.

Los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno.

POSESIÓN

Art. 31°.- Si se tratare de bienes inmuebles, el expropiante deberá consignar ante el Juez respectivo el 80% del importe de la valuación que al efecto hubiere practicado la Comisión de Tasaciones. Efectuada dicha consignación, el Juez le otorgara la posesión del bien.

Si la expropiación versare sobre bienes que no sean inmuebles, el expropiante obtendrá la posesión inmediata de ellos, previa consignación judicial del valor que se hubiere fijado por el Organismo administrativo.

RETIRO DE LA SUMA DEPOSITADA

Art. 32°.- El expropiado podrá retirar la suma depositada previa justificación de su dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro derecho real y que no esta embargado ni pesan sobre el restricciones a la libre disposición de sus bienes.

ANOTACION DE LA LITIS

Art. 33°.- La litis se anotara en el Registro de la Propiedad, siendo desde ese momento indisponible e inembargable el bien.

ARRENDAMIENTOS

Art. 34°.- Otorgada la posesión judicial del bien, quedaran resueltos los arrendamientos, acordándose a los ocupantes un plazo de treinta (30) días para su desalojo, que el expropiante podrá prorrogar cuando a su juicio existan justas razones que así lo aconsejen.

PERJUICIOS A TERCEROS

Art. 35°.- La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a terceros por contratos de locación u otros que tuvieren celebrados con el propietario, se ventilara en juicio por separado.

ACCIONES DE TERCEROS

Art. 36°.- Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se consideraran transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquella libre de todo gravamen.

DESESTIMIENTO

Art. 37°.- Mientras no haya sentencia firme, el expropiante podrá desistir de la expropiación, siendo las costas en el orden causado.

CADUCIDAD DE INSTANCIA

Art. 38°.- Es improcedente la caducidad de la instancia cuando en el juicio el expropiante haya tomado posesión del bien, judicial o extrajudicialmente.

PRESCRIPCION

Art. 39°.- La acción del expropiado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco (5) años, computados desde que el monto respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo.

TRANSFERENCIA DEL DOMINIO

Art. 40°.- Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se requerirá escritura publica otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación.

Se agrega 2° párrafo por Dto. Ley 1301/83; Modificado por L. 723.

COSTAS

Art. 41°.- Las costas del juicio de expropiación serán soportadas:

  1. Por el expropiante:

Cuando la indemnización que se fijare excediere de la ofrecida de mas de la mitad de la diferencia entre la suma ofrecida y la reclamada.

  1. En el orden causado:

  1. Cuando la indemnización no excediere de la cantidad señalada en el apartado anterior;

  2. Cuando el expropiado no hubiese respondido al tramite de avenimiento o cuando en el mismo no hubiere expresado la suma pretendida;

  3. Cuando el expropiado no hubiese contestado la demanda o en la misma no hubiere expresado la suma pretendida no obstante la presunción del Artículo 28°.

  4. Cuando por razones fundadas y justificadas a juicio del Tribunal, aducidas en el tramite del avenimiento, no hubiere sido posible llegar a un acuerdo previo y siempre que mediare allanamiento en sede judicial.

  5. En el caso del Artículo 37°.

  6. En el caso del Artículo 9° cuando la exigencia no se hubiere formulado en sede administrativa.

  1. Por la expropiada:

  1. Cuando no siendo el caso contemplado en el apartado 2., d), de este artículo, se allanare a la demanda.

  2. Cuando la indemnización se fijare en igual suma que la ofrecida por el expropiante.

TITULO VIII

PLAZO DE LA EXPROPIACIÓN

ABANDONO

Art. 42°.- Se tendrá por abandonada la expropiación salvo disposición expresa de ley especial si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una remuneración genérica. No regirá la disposición precedente en los casos en que las leyes orgánicas de las municipalidades autoricen a estas a expropiar la porción de los inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las ordenanzas respectivas. Modificado por Ley 723.

EXPROPIACIÓN DIFERIDA

Art. 43°.- Las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo anterior no serán aplicables en los casos de reserva de inmuebles para obras o planes de ejecución diferida, calificados por ley formal.

En tal supuesto se aplicaran las siguientes normas:

  1. El expropiante, luego de declarar que se trata de una expropiación diferida, obtendrá la tasación del bien afectado con intervención de la Comisión de Tasaciones y notificara al propietario el importe resultante.

  2. Si el valor de tasación fuere aceptado por el propietario, cualquiera de las partes podrá pedir su homologación judicial y, una vez homologado, dicho valor será considerado como firme para ambas partes, pudiendo reajustarse solo de acuerdo con el procedimiento previsto en el inciso d) del presente artículo.

  3. Si el propietario no aceptara el valor de tasación ofrecida, el expropiante deberá solicitar judicialmente la fijación del valor del bien, de conformidad con las normas de los Artículos 11° y 12°. Serán de aplicación las normas contenidas en el Capitulo VII en lo que resultaren pertinentes.

  4. La indemnización será reajustada en la forma prevista en el Artículo 11°.

  5. Si durante la tramitación del caso y antes de que se dicte la sentencia definitiva el expropiante necesitara disponer en forma inmediata del inmueble, regirá lo dispuesto en los Artículos 31°, 32° y 33°.

  6. Los inmuebles afectados podrán ser transferidos libremente a terceros, a condición de que el adquirente conozca la afectación y consienta el valor fijado, si esta estuviere determinada. Con tal finalidad una vez firme dicho valor, será comunicado de oficio por el ente expropiante o, en su caso, por el juzgado interviniente al Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda. Los certificados que expida el Registro en relación con el inmueble afectado deberán hacer constar ese valor firme. En las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles comprendidos en este artículo los escribanos que las autoricen deberán dejar esa constancia del conocimiento por el adquirente de la afectación o de su consentimiento del valor firme, según corresponda. Derogado por L. 723; y se procede al reordenamiento de los artículos.

TITULO IX

DE LA RETROCESION

Art. 44°.- Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años computados desde que la expropiación quedo perfeccionada con el pago de la indemnización.

Art. 45°.- Se entenderá que no hubo cambio de destino cuando el acordado al bien mantenga conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley.

Tampoco se considerara que medió cambio de destino si a una parte del bien expropiado se le asignara uno complementario o que tienda a integrar y facilitar el previsto por la ley.

Art. 46°.- La retrocesión también procede en los supuestos en que el bien hubiere salido del patrimonio de su titular por el procedimiento de avenimiento.

Art. 47°.- La retrocesión no solo podrá lograrse por acción judicial, sino también mediante avenimiento o gestión administrativa.

Art. 48°.- Cuando al bien no se le hubiere dado destino alguno dentro del plazo mencionado en el Artículo 44°, a efectos de la acción de retrocesión el expropiado deberá intimar fehacientemente al expropiante para que le asigne al bien el destino que motivo la expropiación.

Transcurridos seis meses desde esa intimación sin que el expropiante le asignare al bien ese destino, o sin que hubiere iniciado los respectivos trabajos, los que deberá mantener conforme a los planes de obras aprobados, la acción de retrocesión quedara expedita, sin necesidad de reclamo administrativo previo.

Si al bien se le hubiera dado un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, deberá formularse el reclamo administrativo previo. Ver L.723

Art. 49°.- Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivo la expropiación, y por esa circunstancia quedara desvinculada de aquella finalidad, la retrocesión será improcedente.

Art. 50°.- Es admisible la acción de retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.

Art. 51°.- Para que la retrocesión sea procedente se requiere:

  1. Que la expropiación que la motiva haya quedado perfeccionada, en la forma prevista en el Artículo 44°.

  2. Que se dé algunos de los supuestos que prevé dicho artículo y en su caso se cumpliese lo dispuesto en el Artículo 48°.

  3. Que el accionante, dentro del plazo que fija la sentencia, reintegre al expropiante lo que percibió de este en concepto de precio o de indemnización, con la actualización que correspondiere.

Si el bien hubiere disminuido de valor por actos del expropiante, esa disminución será deducida de lo que debe ser reintegrado por el accionante.

Si el bien hubiere aumentado de valor por mejoras necesarias o útiles introducidas por el expropiante, el expropiado deberá reintegrar el valor de las mismas. Si el bien hubiere aumentado de valor por causas naturales, el reintegro de dicho valor no será exigido al accionante. Si el bien, por causas naturales hubiere disminuido de valor, el monto de esa disminución no será deducido del valor a reintegrar por el accionante. Ver L. 723.-

Art. 52°.- Cuando la expropiación se hubiere llevado a cabo mediante avenimiento, la acción de retrocesión deberá promoverse ante el Juez que debería haber entendido en el caso de que hubiere existido un juicio de expropiación.

Art. 53°.- Si la expropiación se hubiere efectuado mediante juicio, la demanda de retrocesión debe radicarse ante el mismo juzgado que intervino en el juicio de expropiación.

Art. 54°.- La acción de retrocesión corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus sucesores universales.

Art. 55°.- La retrocesión podrá ser demandada contra el expropiante o contra este y los terceros a quienes hubiere sido transferido el bien.

Art. 56°.- El procedimiento aplicable en el juicio de retrocesión y la naturaleza de la litis, serán los establecidos para el juicio de expropiación.

Art. 57°.- Si en la sentencia se hiciere lugar a la acción, deberá establecerse la suma que debe reintegrar el accionante por retrocesión y el plazo en que ha de hacerlo; asimismo se establecerá el plazo en que el expropiante debe devolver el bien expropiado.

Art. 58°.- La devolución del bien al expropiado deberá hacerse libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbre que hubiere tenido lugar después de la desposesión.

Art. 59°.- La acción de retrocesión prescribe a los tres años, computados desde que, habiendo quedado perfeccionada la expropiación en la forma prevista en el Artículo 44°, al bien se le dio un destino ajeno al que la determino, o desde que no habiéndosele dado al bien destino alguno, hubieran transcurridos los plazos previstos en los Artículos 44° y 48°.

El tramite previsto en el Artículo 48° suspende el curso de esta prescripción. Ver L. 723.-

TITULO X

DE LA EXPROPIACIÓN IRREGULAR

Art. 60°.- Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:

  1. Cuando existiendo una ley que declara de utilidad publica un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización.

  2. Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad publica, de hecho una cosa mueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales.

  3. Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación que importen una lesión a su derecho de propiedad, existiendo ley que declare la utilidad publica.

Art. 61°.- No corresponde la acción de expropiación irregular cuando el Estado paraliza o no activa los procedimientos después de haber obtenido la posesión judicial del bien.

Art. 62°.- El que accione por expropiación irregular esta exento de la reclamación administrativa previa.

Art. 63°.- En el juicio de expropiación irregular los valores indemnizables serán fijados en la misma forma prevista para el juicio de expropiación regular, contemplada en el Artículo 11° y siguientes de la presente ley.

Art. 64°.- Las normas del procedimiento judicial establecidas para la expropiación regular, rigen también para la expropiación irregular, en cuanto fueran aplicables.

Art. 65°.- La acción de expropiación irregular prescribe a los cinco años, computados desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornen viable la referida acción.

TITULO XI

DE LA OCUPACIÓN TEMPORANEA

Art. 66°.- Cuando, por razones de utilidad publica fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinada, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea.

Art. 67°.- La ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente.

Art. 68°.- La ocupación temporánea anormal, puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa, y no dará lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación.

Art. 69°.- Ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad.

Art. 70°.- La ocupación temporánea por razones normales, previa declaración legal de utilidad publica, podrá establecerse por avenimiento; de lo contrario deberá ser dispuesta por la autoridad judicial, a requerimiento de la Administración Publica.

Art. 71°.- La ocupación temporánea normal apareja indemnización siendo aplicable en subsidios las reglas vigentes, en materia de expropiación.

La indemnización a que se refiere el presente artículo comprenderá el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al bien o cosa ocupados así como también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo de la ocupación.

Art. 72°.- El bien ocupado no podrá tener otro destino que el que motivo su ocupación.

Art. 73°.- Ninguna ocupación temporánea normal puede durar mas de dos años; vencido este lapso, el propietario intimara fehacientemente la devolución del bien. Transcurridos treinta días desde dicha intimación sin que el bien hubiere sido devuelto, el propietario podrá exigir la expropiación del mismo, promoviendo una acción de expropiación irregular.

Art. 74°.- El procedimiento judicial establecido para el juicio de expropiación es aplicable, en lo pertinente, al juicio de ocupación temporánea normal.

Art. 75°.- Sin conformidad del propietario, el ocupante temporáneo de un bien o cosa, no puede alterar la sustancia del mismo ni extraer o utilizar de este elementos que lo integren sin perjuicio del supuesto previsto en el Artículo 71°, ultima parte.

Art. 76°.- Si la ocupación temporánea afectase a terceros, los derechos de estos se harán valer sobre el importe de la indemnización.

Art. 77°.- La acción del propietario del bien ocupado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años computados desde que el ocupante tomo posesión del bien.

TITULO XII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 78°.- Todo aquel que a titulo de propietario, de simple poseedor, o a mérito de cualquier otro titulo, resistiere de hecho la ejecución de los estudios u operaciones técnicas que en virtud de la presente ley fuesen dispuestos por el Estado, se hará pasible de una multa del 10% al 1000% del salario mínimo vital móvil vigente por entonces, al arbitrio del Juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho, sin perjuicio de oír al imputado y resolver como corresponda.

La multa se exigirá por vía ejecutiva.

Art. 79°.- La presente ley se aplicara, exclusivamente, a las causas que se inicien a partir de su vigencia. No obstante, en los juicios en tramite el expropiante podrá proponer la adquisición del bien por vía de avenimiento, en la forma prevista en el Titulo V. A tal efecto, la Administración lo manifestara en el juicio correspondiente, suspendiéndose desde entonces los tramites del mismo hasta tanto se presente el acto administrativo que resuelva el tramite extrajudicial.

En caso de avenimiento se procederá conforme a lo dispuesto por el Artículo 40°, desistiéndose las costas en el orden causado.

Art. 80°.- Derógase la Ley N° 82 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 81°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, publíquese y archívese.-

Publicado en Boletin Oficial N.º 958/77 de fecha 27 de Abril de 1977, págs. 1 a 14.

JUAN CARLOS COLOMBO

General de Brigada (RE)

Gobernador.-

Texto de L. 723:

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1: Modifícase los artículos 40 y 42 del decreto-ley 490/77, los que quedarán redactados de la siguiente manera.

Art. 40.- Para la transferencia del dominio del inmueble al expropiante, no se requerirá escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del acto administrativo que apruebe el avenimiento o en su caso, de la instancia judicial que haga lugar la expropiación. También notificado que fuere el propietario de la consignación, y a requerimiento del expropiante, el juez declarará transferida la propiedad, sirviendo el acto y sus antecedentes suficiente título traslativo que deberá ser inscripto en el Registro de la Propiedad. Esta facultad podrá ser ejercitada por el expropiante en los juicios actualmente en trámite”.

Art. 42.- Se tendrá por abandonada la expropiación- salvo disposición expresa de ley especial- si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice”.

Artículo 2: Derógase el artículo 43 del decreto-ley 490/77.

Artículo 3: En el nuevo ordenamiento del articulado del decreto-ley 490/77, en el artículo 47 donde dice “artículo 44” debe decir “artículo 43”. En el artículo 50, inciso a) donde dice “artículo 44” debe decir “43”, y en el inciso b) donde dice “artículo 48” debe decir “artículo 47”. En el artículo 58 donde dice “artículo 44” debe decir “artículo 43”, en el primer párrafo, y en la última parte donde dice “artículos 44 y 48” debe decir “artículos 43 y 47”.

Artículo 4: Comuníquese al poder ejecutivo, publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.-

Publicado en Boletin Oficial N.º 3607 de fecha 22 de Diciembre de 1987; pág. 35.

E.J.J. Tomás Presidente Provisional/ V.L. Morilla Secretario.-

Visto: 759

DECRETO – LEY N° 749/79

Formosa, 11 de Mayo de 1979

VISTO:

La actuación N° 48.429 – F – 78 y agregado N° 25.435 – F – 78, del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas de la Gobernación, lo establecido por el artículo 3° de la Instrucción N° 1/77 de la Junta Militar y la autorización conferida por Resolución N° 706/79 del Ministerio del Interior,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

Ámbito de Aplicación:

Artículo 1°.- La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad publica que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegabilidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional o Provincial, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.

Improcedencia:

Art. 2°.- La acción de amparo no será admisible cuando:

  1. Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trata;

  2. El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial;

  3. La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio publico, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado;

  4. La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas;

  5. La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse.

Art. 3°.- Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazara sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones.

Competencia:

Art. 4°.- Será competente para conocer de la acción de amparo el Juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiera tener efecto. Se observaran, en lo pertinente las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquellas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción.

Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso.

Legitimación Activa:

Art. 5°.- La acción de amparo podrá deducirse por toda persona individual o jurídica, por sí o por apoderados, que se considere afectada conforme los presupuestos establecidos en el Artículo 1°. Podrá también ser deducida, con las mismas condiciones por las asociaciones que, sin revestir el carácter de personas jurídicas, justificaren mediante la exhibición de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de bien publico.

Demanda:

Art. 6°.- La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:

  1. El nombre, apellido y domicilio real y constituido del accionante.

  2. La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados:

  3. La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o están en vía de producir, la lesión del derecho o garantía constitucional;

  4. La petición, con términos claros y precisos.

Prueba:

Art. 7°.- Con el escrito de interposición, el accionante acompañara la prueba instrumental de que disponga, o la individualizara si no se encontrase en su poder, con indicación del lugar en donde se encuentra.

Indicara asimismo, los demás medios de prueba de que pretenda valerse.

El numero de testigos no podrá exceder de cinco por cada parte, siendo carga de estas hacerlos comparecer a su costa a la audiencia, sin perjuicio de requerir el uso de la fuerza publica en caso de necesidad.

No se admitirá la prueba de absolución de posiciones.

Reglas Procesales Complementarias:

Art. 8°.- Durante la sustanciación del proceso y su ejecución quedan habilitados “ministerio legis”, días y horas inhábiles. Todos los términos son de carácter perentorio. Las partes tendrán la carga de comparecer diariamente a secretaria a notificarse por nota de las resoluciones. La notificación de la demanda, la audiencia de prueba, y la sentencia que acoja o desestime el amparo, se hará personalmente en los domicilios denunciados o constituidos, y por el medio más rápido.

Art. 9°.- Es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas, ni incidentes.

Procedimiento:

Art. 10°.- Cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá a la autoridad que corresponda, un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije.

Simultáneamente, notificara por oficio al Fiscal de Estado de la promoción de la acción y del requerimiento efectuado a la Administración.

La omisión del pedido de informes o de la diligencia de notificación, es causa de nulidad del proceso.

Art. 11°.- Si algunas de las partes hubiese ofrecido prueba, deberá ordenarse su inmediata producción, fijándose la audiencia respectiva, la que deberá tener lugar dentro del tercer día.

Art. 12°.- Si el actor no compareciere a la audiencia por si o por apoderado, se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas. Si fuere el accionado quien no concurriere, se recibirá la prueba del actor si la hubiere, y pasaran los autos para dictar sentencia.

Sentencia:

Art. 13°.- Evacuado el informe a que se refiere el Artículo 10° o realizada, en su caso la audiencia de prueba, el juez dictara sentencia dentro del tercer día. Si existiera prueba pendiente de producción por causas ajenas a la diligencia de las partes, el juez podrá ampliar dicho termino por igual plazo.

Art. 14°.- La sentencia que admita la acción deberá contener:

  1. La mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omisión se concede el amparo;

  2. La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución;

  3. El plazo para el cumplimiento de lo resuelto.

Art. 15°.- La sentencia firme declaratoria de la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo.

Costas:

Art. 16°.- Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el artículo 10°, cesara el acto u omisión en que se fundo el amparo.

Recursos:

Art. 17°.- Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3° y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado.

El recurso deberá interponerse dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada la resolución impugnada, será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este ultimo caso se elevará el expediente al respectivo tribunal de alzada dentro de las 24 horas de ser concedido.

En caso de que fuera denegado, entenderá dicho tribunal en el recurso directo que deberá articularse dentro de las 24 horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día.

Art. 18°.- Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones del procedimiento civil.

Art. 19°.- La presente ley comenzara a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 20°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, publíquese y archívese.

Publicado en Boletin Oficial N.º 1476 de fecha martes 15 de Mayo de 1979, págs. 2 a 5.

JUAN CARLOS COLOMBO

Grl Br (r)

Gobernador

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